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Fuentes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) revelaron que el exalcalde, Roberto Torres Gonzales, compró entre 40 a 50 ómnibus para implementar su empresa de transporte interprovincial Crisolito.

Indicaron que en reuniones donde dialogan funcionarios de la comuna de Chiclayo, comentan que el exburgomaestre adquirió dichos vehículos de dos niveles a 40 mil dólares cada uno y que los mantendría ocultos en una ensambladora de Lima.

BIENES. Incluso precisan que quienes conocen el paradero de estos bienes de “El Jefe” son los exregidores Rolan Alarcón, Marco Arrascue y Elizabeth Montenegro; precisamente recuerdan que en su momento, esta última hizo la denuncia pero no le tomaron importancia. 

“La exalcaldesa sabe más de lo que la gente se imagina”, refieren.

Sobre el particular, se supo por fuentes fidedignas del Ministerio Público, que en el proceso que se le sigue a los integrantes de la presunta organización criminal “Los Limpios de la Corrupción”, se tiene la declaración de un colaborador eficaz que hace una revelación parecida.

Al brindar su descargo y someterse a la confesión sincera, el exfuncionario de la comuna de Chiclayo, cuyo nombre se mantiene en reserva, reveló que Roberto Torres compró varios ómnibus y que los mantiene guardados en los puertos del Callao y Paita; lo que motivó a los fiscales a solicitar información a los representantes de estos centros de embarque.

Esta información revelada, además de otros datos sobre el accionar ilícito de el cabecilla de la presunta red criminal “Los Limpios de la Corrupción”, le permitió al exservidor llevar el proceso de investigación en libertad, pero con comparecencia.

INCAUTACIÓN. Por otro lado, ayer representantes del Ministerio Público y la policía de lavado de activos, incautaron un departamento de propiedad del exgerente de Infraestructura, Jorge Incháustegui Samamé.

El inmueble de 5 niveles se encuentra ubicado en la urbanización “Los Amautas” de Chiclayo; el cual fue construido por el exfuncionario con dinero que habría obtenido de actividades ilícitas.

La Fiscalía solo pudo decomisar el departamento del último piso valorizado en 90 mil dólares, debido a que era el único que se encontraba desocupado y puesto en venta. Al realizarse el descerraje del inmueble, se halló documentos que probarían que Incháustegui ocultaría más propiedades.