Si en el pasado el caso “Los Limpios de la Corrupción” fue emblemático para el sistema judicial de Lambayeque, hoy se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Han pasado 7 años desde que concluyó la investigación, y la Fiscalía aún no logra sustentar la acusación.

Lavado de activos

El proceso principal por el presunto lavado de activos (expediente N° 5207-2014), que provocó la caída del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, y alcanzó a exfuncionarios y contratistas, sigue en espera de audiencia.

En un reciente fallo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque advirtió que la demora excesiva será comunicada al órgano de control del Ministerio Público (MP). Esto ocurrió tras un pedido de la defensa del exgerente de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Jorge Incháustegui Samamé, quien solicitó un control de plazo, obteniendo que la sala le otorgara la razón.

Mediante la resolución N° 5, la Sala ordenó al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria convocar a una audiencia para escuchar a la defensa de Incháustegui y al representante del MP, antes de emitir un pronunciamiento.

El documento señala que se trata de una situación muy singular: la investigación concluyó formalmente el 22 de octubre de 2018, pero desde entonces no se ha cumplido con dos aspectos clave: ingresar la acusación al juzgado y sustentarla. Mientras tanto, 80 personas mantienen la condición de investigados, a pesar de que existen resoluciones judiciales previas que exhortaban al fiscal a presentar el requerimiento.

Algo cambió a mediados de octubre, cuando la Fiscalía anunció que sí existía acusación. Sin embargo, la estrategia de Incháustegui cuestiona la renuencia de los fiscales y denuncia que, por la demora del MP, él sigue sometido a un proceso casi indefinido. En un caso similar, ya fue absuelto, pero nada es seguro hasta que se instale la audiencia sobre la acusación.

En la apelación, la Fiscalía argumentó que el caso enfrenta un vacío legal, pues no se ha definido claramente cuándo deben concluir las investigaciones preparatorias; además, los controles de plazo solo se aplican durante las pesquisas, y no después.

Durante la diligencia, los magistrados confirmaron que la acusación aún no ingresaba al despacho del Décimo Juzgado de Investigación. Aunque el expediente ya fue suscrito, la Fiscalía indicó que aún estaban sacando fotocopias, comprometiéndose a completar esa tarea dentro de quince días.