Chiclayo: El caos de mercado Moshoqueque que en 20 días debe ser resuelto

El alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz (Chiclayo), Epifanio Cubas Coronado, tiene plazo hasta la segunda semana de abril para ordenar el mercado Moshoqueque, caso contrario será denunciado por los delitos de desacato a la autoridad y omisión de funciones.

Así lo estableció el juez Erick Frank Pérez Alquizar del Juzgado Mixto de JLO, a través de la Resolución N° 01 que emitió el 27 de febrero del presente año, donde le da un plazo de 20 días al burgomaestre y le advierte que de no cumplir también accionará contra la comuna imponiéndole multas.

El magistrado dispuso que se ejecuten las 9 recomendaciones que formuló desde marzo del 2012 el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), las cuales son similares a las que se registraron en el Mercado Modelo y las que aún persisten en decenas de centros de abastos de diferentes distritos.

ADVERTIDOS. Cada una de las recomendaciones de la dirección regional de Indeci fueron dictadas con carácter de urgente debido a que el Complejo de Mercados Moshoqueque de Chiclayo “no cumple con las condiciones mínimas de seguridad, lo cual pone en riesgo la vida y la salud de los usuarios y comerciantes”.

Por ejemplo, en primer lugar, se recomendó realizar un censo para conocer el número de comerciantes formales e informales y plasmarlo en un plano donde se les identifique por sectores.

Asimismo se deberá “erradicar toda mercadería u objeto ubicado en las áreas libres internas como externas, ambientes de circulación, patios, pasadizos y en diferentes accesos al mercado, actualmente ocupados por los vendedores, lo que genera hacinamiento y tugurización”.

La tercera recomendación es la que seguramente le dará más de un dolor de cabeza a la autoridad edil pues deberá planificarla estratégicamente y con apoyo de la policía.

“Erradicar a todo vendedor ambulante instalado, así como la mercadería de puestos de venta formal ubicados en la acera y pistas de las diferentes calles y avenidas del mercado”, consta en el fallo.

El mencionado juez estableció que tanto esta como la anterior labor, se deberá realizar en coordinación con los representantes de la Asociación de Comerciantes del populoso mercado debiendo iniciar por las avenidas Bolívar, México y la calle Brasil.

Además sostuvo que el tránsito vehicular en las referidas vías se realiza de modo desordenado y sin ninguna restricción; por lo que ordenó que se “retire todo vehículo y sancione a los propietarios que estacionan sus unidades en áreas restringidas y vetadas para estos fines. Asimismo deberá hacer respetar el uso de paraderos oficiales de taxis, mototaxis, combis, autos, camiones y otros vehículos designados por la municipalidad”.

Otra tarea que debe hacerse en estos días, es solicitar a Epsel que conecte las tuberías subterráneas de abastecimiento de agua a los hidrantes contra incendios del mercado actualmente inoperativos y elaborar un proyecto de renovación y reubicación de los mismos.

Como séptima recomendación figura “retirar todo material inflamable apilado en el piso, áreas de circulación o al interior de los puestos de venta e instalar extintores contra incendios”.

Además la comuna leonardina también deberá retirar las instalaciones clandestinas de energía eléctrica, señalizar las zonas de seguridad (internas y externas) y señalizar adecuadamente las vías de evacuación.

VISITA. Diario Correo visitó el citado centro de abastos y corroboró que las áreas de ingreso y salida e incluso las veredas de las calles colindantes se encuentran ocupadas por los vendedores, lo cual genera - como lo señala Indeci - un riesgo extremo.

Al respecto el defensor del pueblo en Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, recordó que su despacho debió intervenir cuando el exalcalde de JLO, Raúl Cieza Vásquez, no cumplía las recomendaciones de Indeci a pesar que se le exhortaba de manera reiterada.

Incluso decidió denunciarlo ante el Ministerio Público por el delito de omisión de deberes funcionales; sin embargo la Fiscalía decidió archivar el caso al no encontrar evidencias; es por ello que optó por acudir a la vía civil interponiendo una demanda contencioso administrativa contra la comuna.

“Como ya admitieron la demanda, le sugerimos al fiscal civil Julio Díaz Rojas que solicite una medida cautelar para ejecutar en forma inmediata las recomendaciones de Indeci. El juez la ha otorgado y ordena a la municipalidad que cumpla en un plazo de 20 días”, señaló.

Hidalgo Reyes precisó que la municipalidad no contestó la demanda y se le declaró rebelde, por lo que hizo una invocación al burgomaestre. “Invocamos al alcalde a no utilizar un discurso político sino que sea sensato y se ajuste a lo establecido en la ley. Además el no cumplirlo podría ser sujeto a una denuncia penal con una sentencia y eso podría eventualmente ser causal de vacancia”, aseveró.

Asimismo lamentó que las anteriores gestiones municipales hayan permitido que los ambulantes ocupen las vías públicas y los exhortó a acatar lo dispuesto por el juzgado y dialogar con la autoridad municipal para evaluar una reubicación.

“La vía publica es de todos y no puede estar tomada por comerciantes, eso genera desorden y sobre todo riesgo para la vida de las personas. Invocamos a los comerciantes, sobre todo a los informales, que en coordinación con el municipio y a iniciativa del alcalde, puedan evaluar una reubicación a un lugar adecuado porque eso es lo que corresponde”, puntualizó.

Sobre el particular la titular del Ministerio Público de Lambayeque, Giovanna Del Río Carreño, dejó en claro que tanto la municipalidad de JLO como los comerciantes del mercado Moshoqueque, están obligados a cumplir la resolución judicial.

“Generalmente las decisiones que toma el Poder Judicial no satisfacen a todos, en un proceso, el que no gana quiere oponerse o incumplir pero al final tienen la obligación de acatar, al final se va a tener que cumplir con la orden judicial”, precisó.

Tal como informó Correo, los comerciantes informales que laboran en los exteriores del mercado Moshoqueque, se reunieron con el alcalde Epifanio Cubas y acordaron apelar la resolución judicial que los emplaza a desalojar la vía pública.

Según indicó el dirigente Sebastián Pacheco, el plazo de 20 días es escaso para lograr un “reordenamiento” oponiéndose al desalojo.