Chiclayo: Fiscalía investiga presunta minería ilegal que implica al sector Agricultura

La Primera Fiscalía Penal de Prevención del Delito de Chiclayo decidió promover una investigación preliminar contra los que resulten responsables y la Gerencia Regional de Agricultura (GRA), por el presunto delito contra el medio ambiente en su modalidad de minería ilegal en agravio del Estado.

Así lo da a saber la fiscal Candita Ysabel Llempén Quiroz, mediante su Disposición N° 1 del pasado 17 de noviembre del presente, en la que requiere, entre otras cosas, citar al gerente regional de Agricultura, Ricardo Romero Rentería.

LA INVESTIGACIÓN. Según la disposición fiscal, todo deviene por la denuncia interpuesta por el ciudadano Jorge Alejandro Chávez Pita, el pasado 31 de octubre de este año, ante la Policía Ecológica, la cual remitió el caso al Ministerio Público.

De acuerdo al documento de la Fiscalía, Chávez Pita señala en su denuncia que, “…la Gerencia Regional de Agricultura estaría inmersa en hechos delictivos, por cuanto con la finalidad de ejecutar la obra de defensa ribereña, que por administración directa viene realizando en la margen izquierda del río Reque… desde hace aproximadamente tres meses viene extrayendo material afirmado para la conformación de diques, sin contar con las debidas autorizaciones y/o concesiones mineras que la normatividad vigente establece…”.

Asimismo, el documento agrega, “la extracción del material indicado se realiza en terrenos ubicados a dos kilómetros aproximadamente de la margen derecha de la vía de acceso al distrito de Puerto Eten, partiendo desde la carretera Panamericana Norte y a tres kilómetros de la vía de acceso a la playa Lobos, colindante con la planta de almacenamiento y distribución de combustible Petroperú”.

Luego de invocar los artículos y la ley correspondiente, la fiscal Candita Llempén dispone “promover investigación preliminar contra los que resulten responsables en la Gerencia Regional de Agricultura, por el delito contra el medio ambiente, en la modalidad de minería ilegal en agravio al Estado por el plazo de 60 días”.

Simultáneamente ordena solicitarle a la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) realice una inspección de manera urgente en el lugar mencionado por el denunciante.

Además, citó para el día de ayer al titular de dicha gerencia, Ricardo Romero Rentería, a horas 10:00 de la mañana; así como la realización de las demás diligencias necesarias.

LA ACUSACIÓN. Cabe hacer mención que el denunciante, Chávez Pita, adjuntó a la Fiscalía un CD conteniendo más de 50 elementos, entre fotos y vídeos de diferentes fechas, donde se visualiza que unidades de la GRA (se distingue el logo) llevan material (agregado) de un punto a una obra aparentemente cercana.

Además, Chávez Pita manifiesta que dicha denuncia la interpuso, de manera paralela (31 de octubre), tanto a la GREM como Policía Ecológica.

En primera instancia (29 de noviembre 2016) antes que la Fiscalía lo requiera, la GREM evacuó un documento en el que afirma no haber dado con las coordenadas exactas materia de la investigación, agregando que llamaron en más de una oportunidad a Jorge Chávez para asistir con él, pero este, no respondió.

Sin embargo, con fecha 7 de diciembre del presente, la GREM, a pedido de la Fiscalía, remite el Informe Conjunto N° 01- 2016, en el cual concluye, entre otras cosas, que “no se evidenció actividad minera alguna”. “Topográficamente se encontró el relieve plano, lo cual nos indica la no remoción del suelo de la posible zona afectada”.

Se resalta que esta diligencia se realizó con la presencia del denunciante (Jorge Chávez), quien se rehusó a firmar el acta de fiscalización por no estar de acuerdo con las conclusiones.

SE DEFIENDE. Con la intención de esclarecer la situación, Correo entrevistó al gerente de la GRA, Ricardo Romero, quien sostuvo que no pudo declarar ayer ante la Fiscalía por el paro de los trabajadores administrativos de esa sede.

“Pero estoy disponiendo presentar un escrito para que la Fiscalía reprograme la diligencia. Yo voy a concurrir”, dijo.

Al preguntarle por las fotos y vídeos donde se visualiza que unidades de la GRA transportan material presuntamente extraído de manera ilegal hacia una obra, este respondió, “no he tenido acceso a la capeta fiscal, no sé qué pruebas habrá. Solo se me ha notificado con dos hojas, ya en su momento me enteraré”.

Además agrega “¿no sé por qué la hecho (la denuncia)?, ¿no sé cuál es su interés sobre esto?, ¿no sé si él (Jorge Chávez) es minero, si es contratista, si se siente afectado?, con nosotros no ha tenido ningún contrato, yo no sé quién será, probablemente tenga algún interés que lo induzca a hacer esta denuncia, porque ni la autoridad competente, ni las municipalidades, ni los pobladores han advertido esto, y es más, es una obra de bien público”, refirió Romero.

Respecto a la posibilidad de que a sus espaldas, trabajadores de su sede hayan extraído ilegalmente, este enfatizó, “en ese sitio que el señor está denunciando no, porque la autoridad competente (GREM) aprobado que no. Yo me remito a lo que dice la autoridad competente que es la opinión que la fiscal pidió, el Ministerio Público tendrá que merituar esa información y las pruebas del denunciante y el interés público”, acotó.