La Municipalidad de José Leonardo Ortiz enfrenta una nueva embestida judicial. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto la carpeta fiscal N.º 564-2025 para indagar si el alcalde, Elber Requejo, y un conjunto de altos funcionarios habrían ejecutado maniobras irregulares que incluyen presunta malversación de fondos y la demora injustificada en el pago de sentencias laborales firmes a favor de trabajadores municipales.

Decisión fiscal

La resolución fiscal sostiene que, pese a la existencia de recursos presupuestados para cumplir con fallos judiciales en calidad de cosa juzgada, las áreas administrativas habrían retrasado deliberadamente la programación y cancelación de esos pagos durante varios meses. El Ministerio Público resalta que esta conducta vulnera el artículo 24 de la Constitución, que establece que las remuneraciones y beneficios sociales tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador.

Para la fiscal Cinthia Pérez Sandoval, responsable del caso, la demora no responde a una deficiencia presupuestaria, sino a decisiones funcionales conscientes y sostenidas en el tiempo.

Los informes internos que acompañan la denuncia describen un patrón que, según la Fiscalía, revela un comportamiento sistemático. En uno de los documentos contables se da cuenta de que en mayo no se ejecutó ningún pago pese a estar programado, y que entre junio y septiembre los desembolsos fueron menores a lo proyectado.

Esta disminución, afirman los investigadores, no sólo quebranta la prioridad constitucional del pago de beneficios laborales, sino que constituye un acto que afecta la libertad de trabajo.

El expediente apunta también hacia un posible desvío presupuestal. Según la hipótesis fiscal, los fondos destinados al pago de sentencias judiciales habrían sido empleados para fines distintos, alterando su propósito original y vulnerando el artículo 389 del Código Penal, que sanciona la malversación de fondos cuando el funcionario aplica de manera definitiva recursos públicos a objetivos distintos a los señalados por ley.

Entre los funcionarios investigados están Segundo Tiravanti Delgado, gerente municipal; Carolina Céspedes Purihuamán, contadora; Lily Rubio de la Cruz, tesorera; Ciro Delgado Sánchez, gerente de Administración; Lindaura Alejandría Pérez, secretaria general; Miguel Monteza Palacios, procurador; y Rosa Zamora Delgado, jefa de Planeamiento.

Consultado por Correo, el alcalde Elber Requejo aseguró que no ha recibido ninguna notificación fiscal, por lo que no podía responder sobre un caso del cual desconoce.