Chiclayo: Juez ordena que MPCh ponga fin al caos vehicular

El caos vehicular y el desmedido desacato a las normas de tránsito que a diario se registra en la ciudad de Chiclayo, parece que pronto será cosa del pasado, gracias a la intervención del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Desde el 23 de marzo del presente año, la jueza Clara Odar Puse, del Primer Juzgado Especializado Civil de la Corte de Justicia de Lambayeque, emitió un fallo que podría significar una mejora en la calidad de vida de los chiclayanos.

A través de la sentencia N° 04 que consta en el expediente N° 1377 - 2014, la magistrada le ordena al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, que en un plazo de 15 días, cumpla con elaborar y publicar un Plan Regulador de Rutas (PRR), tal como lo estipula el Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

Además, la jueza le advierte al burgomaestre que de no acatar lo dispuesto en la sentencia, aplicará medidas coercitivas, como denunciarlo por desobediencia a la autoridad e imponer multas a la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

PROCESO. El fallo prometedor llegó 10 meses después que la fiscal provincial, Susana Silva Villacorta, interpusiera una demanda contenciosa administrativa contra la MPCh, debido a que no respetaba los acuerdos fijados en la Mesa de Trabajo Antiextorsiones.

La demanda se presentó el 30 de mayo del 2014, cuando aún gobernaba el entonces alcalde de Chiclayo, Roberto Torres, quien hoy se encuentra preso en el penal exPicsi. Las consecuencias de su trabajo al margen de la ley, son ahora asumidos por la actual gestión que encabeza, David Cornejo.

Ordenar el transporte público es una tarea que debió cumplir el exalcalde Roberto Torres en el año 2009, época en que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el Decreto Supremo N° 017 que contiene el referido reglamento.

Sin embargo, a pesar que fue reelegido en el 2010, Torres Gonzales ignoró dicha norma, permitiendo que el caos y la informalidad en el sector transporte se acentuará facilitando la incursión de la delincuencia.

“De esta norma se desprende que la municipalidad demandada tuvo 360 días para aprobar el PRR, en consideración que este reglamento entró en vigencia el 01 de julio de 2009, se verifica que ha superado el plazo en exceso para dar cumplimiento por lo dispuesto en la legislación vigente”, consta en la sentencia.

Consultada al respecto la procuradora de la MPCh, Giuliana Vásquez Carrasco, indicó que aún no han sido notificados con la sentencia, por lo que el plazo de 15 días fijados por el juzgado para regular las rutas de Chiclayo, aún no inicia.

Sobre el particular, el primer regidor, Guillermo Segura Díaz, dejó en claro que este año no podrán implementar un Plan Regulador de Rutas (PRR) porque no se encuentra aprobado en el presupuesto del presente año.

“El PRR es un instrumento altamente técnico y para que sea elaborado, requiere de profesionales especialistas en la materia y la MPCh no los tiene y contratarlos demanda más o menos un costo de 100 a 50 mil soles”, acotó.

Lamentó que la gestión anterior no se haya preocupado en dar cumplimiento a la norma y sostuvo que para evitar ser multados o denunciados por el juzgado civil, demostrarán que ya han iniciado la elaboración del PRR.

Precisamente el D.S. N° 017 - 2009 - MTC, establece que las municipalidades provinciales deben conformar una Comisión Consultiva de Transporte, con la finalidad de aprobar el PRR y planes de desarrollo que sirvan como una especie de remedio al caos vehicular.

“Esta gestión municipal no va desconocer la ley y menos desacatar un mandato judicial, por lo tanto, el señor alcalde (Cornejo) ha procedido a conformar la Comisión Consultiva de Transporte y ha dispuesto que el área de planeamiento incluya en el presupuesto del próximo año lo necesario para invertir en la contratación de los especialistas”, acotó.

Segura Díaz aseveró que las empresas de transporte que hayan obtenido autorizaciones para ampliar su flota vehicular o brindar servicio en una ruta copada, serán sometidas a una revisión legal.

Asimismo, precisó que la actual gestión está al tanto de lo revelado por colaboradores eficaces del caso “Los Limpios de la Corrupción”, quienes aseguraron que el exalcalde Roberto Torres recibía coimas por otorgar resoluciones a empresas de transporte.

“Todo usuario que haya obtenido alguna autorización sin cumplir los requerimientos establecidos por la ley, saben perfectamente que estas autorizaciones pueden ser revocadas, en consecuencia la municipalidad deberá cumplir con revisarlas y disponer su nulidad de oficio en su momento, porque ni el error y menos la corrupción son fuentes de derecho”, puntualizó.