En los pasillos de La Cachina y la Feria Balta, en la ciudad de Chiclayo, donde los celulares cambian de manos sin factura y los autos se ofrecen a precios imposibles, habría florecido el mercado negro que sostuvo a “Los Apretones de Cix”, la organización criminal que convirtió el robo en una economía paralela. Esto se desprende de la resolución judicial que ordenó detención preliminar contra sus integrantes y a la que accedió Correo.

Intermediarios

De acuerdo con la investigación fiscal, la red —dividida en dos subgrupos— estaba liderada por Miguel Ángel De La Cruz Rojas, alias “Dengue”, quien habría coordinado el robo de dinero, vehículos y equipos electrónicos de alto valor, especialmente teléfonos iPhone y automóviles, que luego eran colocados en el mercado negro a través de receptadores y transadores.

Entre los principales encargados de la venta de celulares robados figuran Joel Alexander Abraham Vásquez Chávez, alias “Beba”; Henrry Abel Díaz Olazábal, alias “Cabezón”; y Abraham Vega Vásquez, alias “Burrito”. Todos ellos habrían comprado teléfonos sustraídos —muchos obtenidos mediante asaltos en plena vía pública—, los desbloqueaban con equipos electrónicos y luego los revendían en La Feria Balta y La Cachina.

La Fiscalía sostiene que el propio “Beba” adquirió un iPhone 12 Pro y dos relojes Smartwatch por S/850, sabiendo que provenían de un robo ejecutado bajo órdenes de De La Cruz Rojas. En el caso de Vega Vásquez también se le investiga por receptador y transador de vehículos robados.

En paralelo, otro segmento de la organización se especializaba en la reventa de vehículos robados. Actuaban como intermediarios entre los autores materiales y los compradores finales, negociando precios y coordinando el traslado de los automóviles sustraídos.

Entre ellos destacan Antony Torres Dávila, Merardo Goicochea Vega, Jordán Rivera Taica, Edgar Guevara Llamo, Edwin Olivera Risco, Luis Monteza Céspedes, José Guevara Baldera, y Erick Damián Ventura. Todos ellos habrían participado en la venta y traslado de vehículos sustraídos, recibiendo beneficios económicos por cada operación cerrada.

El Ministerio Público continúan analizando el flujo del dinero y el destino de los bienes robados, así como a otros receptadores implicados y compradores de celulares y vehículos robados.