En la provincia de Chiclayo, la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO) atraviesa un severo problema legal debido a irregularidades en la contratación de personal.
La fragilidad de los contratos suscritos por la comuna durante el gobierno del vacado alcalde, Elber Requejo, volvió a quedar expuesta en los juzgados laborales.
Frente a esta situación, a escasos meses para que acabe la gestión municipal, los funcionarios supuestamente recién advierten el problema y ahora intentan ejecutar medidas de emergencia.
Detalles
El 31 de agosto de 2026, el juez José Alfaro Sotomayor, del Primer Juzgado de Trabajo de Chiclayo, declaró fundada la demanda interpuesta por Fabiola Brenis Vera contra la MDJLO sobre desnaturalización de contrato de trabajo. (Expediente N° 03428-2026).
La demandante laboró desde el 10 de junio de 2024, inicialmente como sereno municipal y luego como supervisora del personal de Serenazgo. Pese a que la comuna pretendió justificar la contratación bajo contratos modales de “necesidades del mercado” apoyándose en los Planes Anuales de Seguridad Ciudadana, el magistrado desestimó dichos argumentos.
En la sentencia, el Juzgado determinó que las labores de serenazgo y supervisión de seguridad ciudadana constituyen funciones permanentes y estructurales del gobierno local.
En consecuencia, el tribunal declaró la desnaturalización de las adendas y contratos causales, disponiendo el reconocimiento de un vínculo laboral a plazo indeterminado bajo el régimen privado del Decreto Legislativo N.º 728 y la inclusión formal de la servidora en la planilla de trabajadores obreros desde su fecha de ingreso.
El caso adquiere mayor relevancia porque, cuatro días antes de la sentencia, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la comuna había solicitado una reunión con Asesoría Jurídica, Procuraduría y Abastecimiento para prevenir precisamente la desnaturalización de contratos.
En el documento interno, fechado el 27 de agosto de 2026, se advierte la necesidad de evitar “prácticas indebidas o formulaciones contractuales incorrectas” que puedan generar este tipo de problemas laborales.
La coincidencia entre ambos documentos evidencian que Abastecimiento y Recursos Humanos han venido suscribiendo contratos irregulares que la Procuraduría no puede sostener en juicio.
Fuentes de la MDJLO señalaron a Correo que así como Brenis Vera hay más trabajadores que interpusieron demandas por desnaturalización de contrato, lo cual incrementará la carga de gasto corriente y perjudicará a la próxima gestión edil.
No obstante, los funcionarios del alcalde vacado Elber Requejo - ratificados por la alcaldesa Elvia García – podrían afrontar investigaciones disciplinarias y sanciones por el indebido manejo de la contratación pública.
Los fundamentos 19 y 20 de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Huatuco Huatuco (Exp. N° 05057-2013-PA/TC) establecen con claridad que las entidades estatales deben determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales de los funcionarios que permitan la desnaturalización de contratos.
El caso deberá ser remitido a la Oficina de Control Interno (OCI) para que investigue a quienes elaboraron contratos irregulares y se apliquen las sanciones correspondientes mediante el procedimiento disciplinario.
Caso
Es cuando un contratado como locador de servicios realiza funciones propias de un empleado permanente.
Fabiola Brenis - repuesta judicial en la comuna de JLO - trabajó años atrás como inspectora de tránsito de la municipalidad de Chiclayo, pero fue cesada tras ser acusada del supuesto hurto de un celular a un chofer. Aquel día fue captada por cámaras de seguridad cuando deja el smartphone en el mostrador de una botica, al parecer para no ser intervenida
