Incautan armas e intervienen a 10 tras balacera en Agropucalá (VIDEOS)

El ingenio azucarero de Pucalá, en Lambayeque, volvió a cargarse de tensión luego de que una balacera se registrara ayer, en horas de la mañana, al interior de sus instalaciones. En medio del alboroto, la Policía llegó a intervenir a 10 personas, entre las cuales se cuentan directivos de la misma empresa Agropucalá.

Asimismo, un grupo de trabajadores ingresó a los ambientes de la compañía para exigir el pago de sus haberes adeudados, situación que habría dado lugar a los disparos y a la intervención de efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE).

No obstante, la Policía aún busca esclarecer las circunstancias en que se dieron los hechos, pues mientras los manifestantes aseguran que los disparos fueron efectuados por personal de seguridad de la fábrica, la firma Agropucalá, en horas de la tarde, emitió un comunicado de prensa indicando que habrían sido “delincuentes” los que ingresaron con armas de fuego con el fin de tomar el control.

PROTESTA. Tras la balacera, un grupo de trabajadores permanecía apostado en una de las secciones de la fábrica. Una tensa quietud se respiraba en el aire, mientras los agentes de USE custodiaban el ingreso a la sección donde se encuentran las máquinas.

Los trabajadores mostraban casquillos de bala que afirmaban haber encontrado en el piso y lanzaban arengas contra la actual administración, a la cual culpaban por no haber recibido sus pagos desde octubre del 2017.

El dirigente Mario Gonzales Pérez, del Sindicato General Unificado de Trabajadores Azucareros, indicó que su disconformidad se debe a un “clima de desgobierno” en la azucarera, luego de que, hace poco, el administrador judicial de la misma, Luis Dávila Dávila, presentara su renuncia al cargo.

Como se recuerda, en agosto del 2014, la administración judicial a cargo de Luis Dávila ingresó a la empresa azucarera por orden del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, por entonces a cargo del juez Óscar Tenorio Torres (actualmente destituido).

El mes pasado, se conoció que el magistrado Juan García Mayorga, actual titular del despacho, recibió un escrito por parte de Dávila informándole sobre su renuncia, esto dentro del expediente N° 1711-2004.

“Responsabilizamos al Tercer Juzgado Civil de Chiclayo porque desde esa fecha debió nombrar ya a un nuevo administrador judicial para evitar esta confrontación y este clima de cambios arbitrarios de puestos de trabajos, incumplimiento de pagos, de CTS, de escolaridad, etc.”, refirió el dirigente Mario Gonzales.

ARMAS. De acuerdo a la versión que manejan los trabajadores, ayer, al promediar las 7:30 de la mañana, estos se habían reunido al interior de la empresa para tratar el tema de la demora en sus pagos, momento en que el personal de seguridad habría buscado desalojarlos, realizando disparos con armas de largo alcance.

“Han disparado a quemarropa contra el trabajador, hay armamento que se les ha quitado, en presencia de la Policía”, indicó Mario Gonzales. Según afirmaron los manifestantes, en medio de la balacera, lograron interceptar la camioneta de placa B3B-839, donde hallaron las armas de largo alcance que habrían sido usadas por el personal de seguridad. Sus tripulantes, al parecer, se habrían dado a la fuga ante la acción de los trabajadores.

Estos últimos, retuvieron las armas, según dijeron, a la espera de que llegue un fiscal para la firma del acta respectiva, sin embargo, horas después y a pedido de la Policía, entregaron el armamento, consistente en una escopeta retrocarga, una carabina calibre 22 y una escopeta hechiza. Además, se informó que la Policía había incautado previamente un fusil Mauser.

INTERVENIDOS. La Policía llegó a intervenir a 10 personas: Oscar Benavides Arévalo (43), Luis Ruiz Medina (43), Manuel Coronel Altamirano (33), Wilmer Delgado Senaque (42), Rafael Távara Mendoza (58), Juan Carlos Pérez Niño (41), Joel Arrascue Junior (39), Julio Flores Fernández (46), Félix Muñoz Huamán (37) y Salvador Bravo Díaz (28).

Según se informó, Julio Flores Fernández ocupa el cargo de gerente administrativo de la empresa, mientras que Óscar Benavides, el de gerente de Fábrica. Rafael Távara, a su vez, labora como jefe de Ventas de Agropucalá. Las personas intervenidas fueron llevadas hasta la sede de Seguridad del Estado en Chiclayo para las diligencias correspondientes.

RESPUESTA. En la misma línea que el comunicado de prensa emitido por la empresa, el gerente general de Agropucalá, Max Ayora Inoñán, mostró una versión muy distinta de los hechos. Según refirió, fue un grupo de delincuentes provistos de armas de fuego quienes ingresaron a la fábrica y realizaron los disparos.

“No se trata de una protesta laboral sino es un acto evidentemente delincuencial, de gente armada que ha ingresado a la empresa y que hasta este momento (ayer por la tarde) se encuentra al interior de la empresa. Nosotros deslindamos tajantemente que en poder nuestro o de algún trabajador haya habido algún tipo de armas. Conforme hemos visto en los videos a los cuales hemos tenido acceso, ese armamento que incauta la Policía no lo hace en poder de ningún trabajador, sino de las personas que han ingresado violentamente en horas de la mañana”, refirió Ayora Inoñán.

Él, además, reconoció que se les adeuda parte de sus sueldos a los trabajadores, pero negó que esto sea desde hace cinco meses. Aseveró que son solo dos quincenas las atrasadas y que dicha demora se debe a que la actual gestión ha tenido que pagar la deuda dejada por anteriores administraciones, que supera los 30 millones de soles.

El directivo aseguró que quienes estarían detrás del alboroto serían personas interesadas en tomar el control de la azucarera, por lo cual dijo que tomarán las medidas legales del caso. Además, consideró un “abuso policial” el que se haya intervenido a directivos de la empresa sin que existan pruebas de que tuvieron responsabilidad en los disparos. Por último, dijo que esto sería obra de una banda criminal de la cual ellos, como empresa, ya habrían dado alerta a la Policía con anticipación.