Comprobantes de pago, registros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), documentos de mesa de partes virtual y capturas de conversaciones de WhatsApp revisados por Correo revelan presuntas irregularidades en la tramitación de un expediente para autorizar una ruta de transporte urbano.

Controversia

La documentación muestra que una trabajadora de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte habría recibido transferencias de dinero de un administrado mientras gestionaba de manera informal un procedimiento que terminó siendo rechazado por la propia entidad. Además, un trabajador de la gerencia sostiene que un informe técnico fue reelaborado por disposición de un superior.

El caso involucra a la empresa Transportes Urbano Veloz Express S.A.C., cuyo pedido para operar una ruta entre el óvalo Pomalca, el Hospital Regional, dos universidad privadas y el Mall Aventura Plaza fue declarado improcedente en tres instancias administrativas.

El primer pronunciamiento fue la Resolución Gerencial N.° 002197-2025-MPCH/GDVT, del 9 de octubre de 2025, que declaró improcedente la solicitud. La decisión fue confirmada mediante la Resolución Gerencial N.° 002475-2025-MPCH/GDVT, del 20 de noviembre de 2025. Posteriormente, la Gerencia Municipal ratificó el rechazo a través de la Resolución Gerencial N.° 00047-2026-MPCH/GM, del 19 de enero de 2026, agotando la vía administrativa.

Pese a ello, el administrado de la empresa presentó un nuevo recurso de reconsideración el 21 de abril de 2026, originando el Expediente N.° 2026-0016892, eje central de la documentación analizada para este informe.

¿Maniobra?

El Informe Técnico N.° 000196-2026 concluyó que la autorización “no es factible” porque la empresa no cumplía con la categoría vehicular exigida, no acreditó contar con terminal de estacionamiento y la ruta ya estaba cubierta por cuatro empresas formalmente autorizadas.

Sin embargo, este medio tuvo acceso a un documento atribuido a la Oficina de Asesoría Legal que declara procedente el recurso y autoriza el servicio por diez años.

Correo obtuvo, además, comprobantes de transferencias realizadas mediante Yape y Plin a una cuenta identificada a nombre de Annie Ahumada Asenjo. Los depósitos fueron efectuados entre octubre de 2025 y mayo de 2026, por diversos montos que llegan hasta los 500 soles.

Las capturas revisadas muestran que la servidora habría solicitado algunos de los depósitos y, tras recibir uno de ellos, respondió: “Todo lo va a hacer con Yape”. En otro mensaje, aludiendo al trámite, afirma: “Si no lo hubiese querido ya a usted o a su primo, le hubiese devuelto el dinero”.

En la misma conversación prometió “sacarlo procedente” y “subirlo al sistema”, aunque también pidió no ser presionada porque, según señala, “está en juego mi trabajo”.

Pese a esos intercambios, el expediente nunca obtuvo autorización. Mediante la Carta N.° 000533-2026-MPCH/GDVT, del 9 de junio de 2026, la MPCh reiteró que la vía administrativa estaba agotada desde enero y sostuvo que el nuevo expediente trataba sobre las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa. La entidad indicó que la única vía restante era acudir al Poder Judicial mediante un proceso contencioso-administrativo.

Los registros de la mesa de partes virtual muestran que el 3 de junio de 2026 Annie Ahumada remitió al gerente Wilman Carrasco Becerra el Informe Legal N.° 000108-2026-GDVT-ACAA sobre el mismo expediente. Ese mismo día recibió el proveído con la indicación: “Proyectar resolución”.

De acuerdo con la documentación revisada, la misma trabajadora que, según las conversaciones, habría recibido dinero del administrado también redactó el informe legal que sustentó la decisión final de la Municipalidad.

J. Alcántara, autor del Informe Técnico N.° 000196-2026, sostuvo en conversaciones de WhatsApp con el administrado que un documento fue reelaborado “por orden de un funcionario”. Añadió que previamente había advertido sobre presiones relacionadas con el expediente.

Gerente se pronuncia sobre expediente

Consultado por este medio, el gerente de Transporte, Wilman Carrasco Becerra, indicó que no puede confirmar la autenticidad de las conversaciones de WhatsApp ni que la trabajadora haya recibido dinero. Sin embargo, confirmó que Ahumada tuvo a su cargo el expediente y señaló que la empresa no obtuvo autorización porque la ruta ya estaba saturada.