Comienza juicio oral contra “Viejo Paco” en Challapalca

Más de cinco años después de su captura y de la desarticulación de la banda criminal “La Gran Familia”, comenzó el juicio oral contra Román Ángel León Arévalo, más conocido como “Viejo Paco”.

En los ambientes del penal de Challapalca (Tacna), donde se encuentra recluido León Arévalo, el Colegiado A de la Sala Penal Nacional inició la audiencia de juzgamiento contra él y otras cuatro personas, acusadas también de pertenecer a la mencionada organización delictiva. El fallo contra los implicados se conocería en una semana, según informó el propio Poder Judicial.

PROCESO. “Viejo Paco”, sindicado por el Ministerio Público como el cabecilla de la banda, estuvo presente ayer en la audiencia de juicio oral junto con los también procesados Franklin Medina Cubas (a) “Coyote”, Pedro Telmo Becerra Serquén (a) “Pedrito” y Aderlí de la Cruz Terrones, apodado “Pícolo”.

El último en esta lista es Ángelo León Díaz, llamado también “Paquito”, hijo del supuesto jefe criminal. Todos ellos, como se sabe, están presos en el centro penitenciario de Challapalca, ubicado a 4,800 metros sobre el nivel del mar.

Cabe indicar que, en mayo del 2016, la Fiscalía solicitó penas de hasta 35 años de cárcel para los implicados en “La Gran Familia”. Dicha pena fue, justamente, la solicitada contra “Viejo Paco” y su vástago, mientras que, en el caso de ”Pedrito”, se requiere una condena de 10 años. Para “Coyote” y “Pícolo”, mientras tanto, se solicitó una pena de 11 años de prisión.

Días atrás, en el penal Ancón I de Lima (Piedras Gordas), el mismo Colegiado impuso sentencias de entre 11 y 22 años de cárcel contra 27 involucrados en la banda criminal. Esta vez, se tiene previsto conocer el fallo contra los cuatro presos de Challapalca en el plazo de una semana.

Es preciso indicar que los acusados afrontan cargos por delitos como asociación ilícita para delinquir, lavado de activos y extorsión agravada. “La Gran Familia”, como se recuerda, causó el terror en Chiclayo entre los años 2009 y 2012, mediante amenazas y cobro de cupos a transportistas y dueños de empresas constructoras.