La Defensoría del Pueblo de Lambayeque busca que el caso de las jóvenes que denunciaron a sacerdotes de Chiclayo por actos de abuso sexual, sea investigado nuevamente por el Ministerio Público.
Este diario conoció que la estrategia de la Defensoría es acceder a las disposiciones fiscales donde se abordó la denuncia, a fin de realizar un análisis legal y rebatir el argumento que dispuso el archivo en base al principio de prescripción.
Las jóvenes involucradas detallaron que las agresiones se produjeron cuando eran menores de edad.
Es preciso señalar que, hace más de un año, la denuncia fue acompañada por abogados del ministerio de la Mujer, quienes al final también plantearon recursos de apelación y no consiguieron revertir la decisión de la Fiscalía.
Desde la Defensoría tampoco dieron por hecho que se vuelva a reactivar la investigación penal, pero enfatizaron que es necesario agotar todas las interpretaciones de la ley, pues eran unas niñas las que sufrieron estos agravios.
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Delitos contra la libertad sexual no prescriben
Los delitos de violencia sexual no prescriben, pero ello es así desde agosto del 2018, cuando el Ejecutivo promulgó nuevas medidas para castigar los crímenes sexuales y la trata de personas en el Perú.
De acuerdo con la Ley 30838, la violación sexual, la trata de personas, la esclavitud y las ofensas al pudor público (como la pornografía infantil) se declaran delitos imprenoscriptibles. Es decir, quienes cometan estos actos podrán ser perseguidos por la justicia hasta el fin de sus días.
La intervención de la Defensoría irá por un camino distinto al iniciado por la Iglesia Católica, que está investigando lo sucedido aunque no se tiene claridad sobre el plazo de esta labor y del tipo de sanción que podría aplicarse, ya que el monseñor de Chiclayo, Guillermo Cornejo Monzón, afirmó que su institución también acompaña a los dos denunciados porque -como declaró- “son pastores de todos”.
Otros detalles de este caso es que una de las denunciantes afirmó haber conocido que el sacerdote Eluterio Vásquez Gonzales o “padre Lute” indagó sobre la identidad de quienes lo acusaban.
Sin embargo, fue monseñor Cornejo quien negó esta posibilidad, argumentando que podría ser denunciado otra vez y complicar su situación.
Además, la versión que manejaba Vásquez era que su traslado a Santa Cruz (Cajamarca) era por motivos de salud. En esa localidad siguió realizando misas y labor sacerdotal, y era sabido que sus fieles en el distrito de Ciudad Eten pedían que sea reincorporado para la celebración del 374 años de a la Iglesia Santa María Magdalena. Un acto, que este año fue dirigido por el propio monseñor Cornejo, tal como registraron algunos medios locales.
El administrador apostólico del Obispado de Chiclayo afirmó, tras una conferencia de prensa, haberle pedido al “padre Lute” que no realice actos litúrgicos, en razón a la actual situación que es delicada.
Emiten nota de prensa sobre medidas
La Diócesis de Chiclayo informó en nota de prensa que ha impuesto medida cautelar contra uno de los sacerdotes, ordenando así que permanezca en su domicilio real y que no ejerza el ministerio sacerdotal hasta que se resuelva todo.
Asimismo, señalaron que un sacerdote de otra jurisdicción está indagando los hechos y las declaraciones de las denunciantes.
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