El alcalde de Tumán y varios policías en caso Oviedo
El alcalde de Tumán y varios policías en caso Oviedo

El expediente 02925-2015 o también denominado ‘Expediente Oviedo’, sigue sorprendiendo a más de uno y poniéndole la soga al cuello a funcionarios de la Empresa Agroindustrial Tumán, así como autoridades y agentes de la Policía Nacional del Perú.

Las versiones del colaborador eficaz designado con el código CE-12-2015, quien perteneció al grupo de seguridad de la empresa Agoindustrial Tumán denominado ‘Los Wachiturros’, el cual se encontraba bajo las órdenes de Víctor Wilfredo Rodríguez Ortiz, sindica al alcalde de Tumán, Rolando Barboza Díaz, de haberle pedido a un funcionario de la empresa azucarera, asesinar al secretario de los trabajadores de este municipio, Gilberto Olivos Peña.

El colaborador también indicó que los policías de la comisaría del distrito de Tumán, les prestaban sus chalecos y cedían bombas lacrimógenas para realizar sus hechos delictivos, los cuales detalla con lujo de detalle.

Intento de asesinato. Según obra en la carpeta fiscal, para el colaborador, el alcalde Rolando Barboza Díaz le solicitó a Pablo Arce Benites, jefe de Finanzas de la empresa Agroindustrial Tumán, la muerte del sindicalista edil, Gilberto Olivos Peña, con quien tenía unas rencillas.

“Nosotros hicimos un trabajo de reglaje al Círculo de Estudios Universitarios de Tumán y Anexos (CETA), eso fue en el año 2012, porque este grupo había levantado al pueblo de Tumán, a su vez que Rodríguez Ortiz (jefe de Seguridad) le dijo a Gregorio Leguía (uno de ‘Los Wachiturros’) que deberían matar a Gilberto Olivos Peña, miembro del sindicato de trabajadores de la municipalidad de Tumán, quien tenía una rencilla con el alcalde Rolando Barboza, y este último le había pedido a Pablo Arce, matar a Olivos Peña”, esto se lee en la manifestación del colaborador eficaz.

Luego de que ‘Los Wachiturros’ identificaron a los dirigentes, se enteraron que tenían una reunión en el Block 14 en el distrito azucarero, casa que era de propiedad de la familia Bustamante Zapata, a donde llegaron al promediar las 7:30 de la noche un promedio de siete personas dirigidos por Gregorio Leguía.

“Ingresamos al domicilio con chalecos distintivos de la policía color negro con amarillo, con el logotipo que decía Policía Nacional, algunos decían ‘Investigaciones’; haciéndonos pasar como policías, todos con pasamontaña color negro, y cada uno con armas de fuego de la empresa”, acotó el colaborador eficaz.

Agrega además, que al ingresar al domicilio encontraron a las personas reunidas, las redujeron y le quitaron todo los volantes que tenían, buscaron a Beto Olivos para matarlo, pero no lo encontraron, por eso sólo se llevaron la documentación.

Apoyo policial. El expediente señala también, el apoyo que hubo de la policía a este grupo delictivo a quienes le proporcionaban bombas lacrimógenas, chalecos y además encubrían actos ilícitos, pues no acudían ante el llamado de la gente y dándoles la oportunidad a ’Los Wachiturros’ de salir de la escena del hecho.

El pago a los agentes policiales era por planilla, donde ponían su nombre, grado y firma, y se les entregaba la suma de 150 y 200 soles por mes, dependiendo del trabajo que realizaban y/o del movimiento que había en el distrito, como huelgas, paros, reclamos entre otros.

Este pago a los custodios del orden era realizado por Gregorio Leguía o Jaime Sipión, quienes también les daban una canasta navideña y una bolsa de azúcar a cada efectivo policial.

Esta relación de los agentes era dada por el comisario (del 2012) de Tumán, a los encargados de hacer los pagos correspondientes.

“El que nos daba las bombas lacrimógenas era un teniente que apellidaba Sánchez, quien en mi presencia nos dio las granadas; mientras que los chalecos los entregaba un capitán que se apellidaba Mas, quienes trabajaban en la comisaría de Tumán, este ultimo era paisano de Rodríguez”, señala el atestado.

Asimismo, se constata que el nombre del comisario que entregaba los nombres de los policías para que reciban los pagos por parte de la empresa Agroindustrial Tumán era el oficial Cotrina, quien facilitaba hacer los trabajos, porque aparte de que no enviaba personal para el lugar de los hechos, hacía documentos poniendo los actos delictivos de manera ‘suave’ para que los casos se archiven.

“Una vez recuerdo que dentro de la fábrica casi matan a Kike Requejo, pero cuando la policía intervino a los detenidos no los puso a disposición de la Fiscalía, y nos botaron” se señala.

El colaborador eficaz 12-2015 manifestó que cuando terminaron el trabajo del asalto a CETA, devolvieron los chalecos a la policía, así como las armas, pasamontañas y la camioneta donde se trasladaban al supervisor de la empresa azucarera de nombre Chandi Muñoz.

Indica demás que la camioneta Hilux la utilizaban con su placa original, sin quitársela, porque sabían que los pobladores tumaneños no los iba a denunciar, por miedo y porque sabían que la policía los apoyaba, y no llegaba a la zona hasta que los delincuentes se iban del lugar.

Correo trató de comunicarse con el burgomaestre de Tumán, Rolando Barboza Díaz a un número proporcionado por uno de sus funcionarios, quien se comunicó con él hace cinco días, pero el teléfono se encuentra fuera de servicio.

En los próximos días, el Poder Judicial decidirá si da orden de prisión preventiva para los 10 capturados el pasado viernes.

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