El plan de “El Gran Chaparral” para matar a un dirigente

Palabras letales. La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Feccor) sustentará hoy el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra 12 miembros de la red criminal “El Gran Chaparral”.

El requerimiento está basado en declaraciones de testigos y escuchas telefónicas que exponen, entre otros hechos ilícitos, el plan orquestado por esta organización para asesinar al presidente de la comunidad campesina “San Francisco de Asís”, del distrito de Salas.

Para la Feccor, las conversaciones entre integrantes de “El Gran Chaparral” se dirigían a lograr la invasión de terrenos con armas y personas contratadas para atacar a los comuneros.

PERSONAS. La investigación a cargo de la Feccor sostiene que existe una relación entre las interceptaciones telefónicas a miembros de “El Gran Chaparral” y los violentos hechos reportados en el fundo “Jahuey Negro”, identificado por los comuneros en el sector “Alitas”, del distrito de Salas.

El registro de estos diálogos, que fueron autorizados por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, detalla los planes y estrategias al interior de esta red criminal para ingresar al fundo a cualquier precio.

Según identificó la Feccor, los números telefónicos que protagonizan las llamadas corresponden a Hipólito Cruzado Rafael (alías “Tronco Mayor”), su hija Lucy Elisa Cruzado Carranza, Saúl Altamirano Vásquez y Elar Carrasco Campos, quienes se alternan en las conversaciones con otros personajes que aún no han podido ser identificados.

En el grupo de 12 personas que lograron ser capturadas por la Policía el pasado 26 de octubre, aparecen Cruzado Rafael y Altamirano Vásquez.

Mientras que Elisa Cruzado Carranza y Elar Carrasco Campos, quien fue identificado por la Fiscalía como su conviviente, aún no han podido ser detenidos para enfrentar las investigaciones por agrupación ilícita en agravio del Estado.

Las conversaciones entre estos cuatro implicados fueron registradas en el año 2016, días después que la comunidad campesina de Salas logrará -el 16 de junio de ese año- la recuperación de terrenos en el sector “Alitas” gracias a un mandato judicial.

OPERACIONES. A través de las escuchas legales, la Feccor identifica el uso de armas de fuego a cargo de integrantes de “El Gran Chaparral”, la contratación de personal para participar en los desalojos, coordinaciones sobre depósitos de dinero para financiar estas actividades e incluso la planificación de la muerte del presidente de la comunidad campesina “San Francisco de Asís”, Lucio Sembrera de la Cruz.

En el siguiente diálogo, por ejemplo, Saúl Altamirano menciona a Elar Carrasco que se suele pagar S/100 por cada persona que participa en un desalojo.

Elar: ¿Cuánto se podrá pagar diga?

Saúl: Mira, yo cuando he hecho esos desalojos así, los he hecho por cien lucas por cabeza, pero cholos fuertes pe.. o sea eso es para ir cien soles diarios, no es por todo el día, cien soles diario se les paga.

Elar: Ah ya, ya ya se le da pa su movilidad y sus municiones seguro diga.

Saúl: Si pe están mucho mucho, mira viejo ahí, no más, con esa gente que tienen ustedes ahí y reforzándose con dos armitas más, esos huevos salen de ahí, porque salen won.

En otra transcripción, aparece un tal “Cerapio”, apelativo de quien sería para la Fiscalía uno de los inversionistas que ayudaba a financiar las operaciones de ataque a los comuneros.

Elisa: Tío

Saúl: Que tal, ahorita acabo de conversar con Cerapio dice quiere el documento para que lo lea el abogado y entonces una vez viendo el documento al toque suelta la plata dice.

Elisa: El documento está que viene, ya estará por llegar a Jayanca, ya mismo va a llegar el doctor el documento a Chiclayo.

Saúl: Ya vieja trata de avanzar, una vez que vea el doctor al toque me comunico con dos “Cerapio” me deposita y al toque lo movemos a la gente, si no como me muevo a la gente sin plata.

Elisa: Ya tío.

Otros audios han permitido a la Fiscalía determinar que Elías Delgado Castro también se encargó de conseguir personal con armas de fuego para retirar a los comuneros que resguardaban el fundo.

PLAN. Las intenciones de intimidar al presidente de la comunidad campesina de Salas fueron denunciadas desde hace dos años.

El dirigente mencionó a la Fiscalía que en marzo de 2017, fue interceptado por Hipólito Cruzado quien lo espetó diciendo “No creas que nos hemos olvidado de ti. Faltas tú. (...). Porque nosotros tenemos bastante plata invertida en los terrenos y no nos vamos a quedar con esto”.

El dirigente comunal recuerda que los ataques de “El Gran Chaparral” se originaron luego de haber impedido en 2016 la ocupación de cerca de 2000 hectáreas en Salas.

En aquel entonces, según refirió, integrantes de este clan amenazaron con matarlo si permitía que el mandato judicial de desalojo se ejecute.

Precisamente, una conversación registrada un mes después del desalojo, entre Elisa Cruzado Carranza y su pareja Elar Carrasco, evidencia el propósito de matar al dirigente.

Elisa: Aló, escúchame, ya converse con los muchachos y ellos van a salir esta noche ya.

Elar: Ya, pero mira ve, mira Elisa, (inentendible) la gente lo que les interesa, aunque tus hermanos no estén, eso no importa, ellos hacen el trabajo estén ellos o no estén ahí, eso no importa, el tema es el dinero, se paga los cinco mil, se arregla todo y ya para el día se paga toda la diferencia.

Elisa: Elar, escúchame tú a mí, tú crees que matando a un vago a quien crees que van a denunciar, a mi papi (en referencia a Hipólito Cruzado), entonces no, esa no es la estrategia, mis hermanos no quieren matar a ningún vago Elar, a ninguno, lo que quieren es directo a Lucio Sembrera, no a los vagos.

“Fui atacado en mi casa y recibí amenazas de muerte. Estos audios están corroborando todo lo que he dicho a la Fiscalía. La amenaza era para mí y toda mi familia”, señaló Sembrera de la Cruz, quien se ha visto obligado a cambiar constantemente de ubicación hasta que culmine su período como presidente de la comunidad campesina, en 2019.

Incluso su familia tuvo que abandonar Lambayeque debido al temor de que los ataques se dirigiesen hacia ellos.

“No puedo dar mi dirección exacta y he tenido que cambiar hasta seis veces mi número de teléfono, pero me siguen amenazando”, agregó.