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El Juzgado Anticorrupción de Lambayeque dictó mandato de 12 meses de prisión preventiva para dos policías por haber comprado artículos de desinfección a precios sobrevalorados, que causaron un perjuicio económico de 756 mil 791 soles al Estado.
Se trata del comandante PNP, Marcel Carbajal Tarazona, jefe de la Unidad de Logística de la II Dirección Territorial Policial de Lambayeque (Dirtepol) y el suboficial Jean Yampufé Sánchez, quien estuvo a cargo del área de adquisiciones de la II Dirtepol.
La medida coercitiva también se impuso a la proveedora Giovanna Luna Rojas, gerente de la empresa Inversiones CEAR SAC, quien vendió alcohol en gel “bamba”, no apto para uso humano, el cual fue distribuido al personal policial de Lambayeque, Amazonas y Cajamarca, para prevenir contagios de Covid-19.
Como argumento de defensa, los imputados señalaron que se encuentran delicados de salud, padeciendo enfermedades que los hace vulnerables al Covid-19, por lo que solicitaron afrontar la investigación con arresto domiciliario; sin embargo, el juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Juzgado Anticorrupción de Lambayeque, ordenó que sean internados en el penal de Chiclayo.
El fiscal Óscar Guevara Gilarmas, a cargo de la investigación, solicitó que se ordene prisión preventiva contra los agentes, pues una pericia contable confirmó que pagaron precios sobrevalorados por la compra de mascarillas, alcohol en gel, lejía, guantes, e incluso por jabón y papel higiénico.
Durante la audiencia de prisión preventiva, el fiscal expuso diversos elementos de convicción, como es la declaración de Janeth Verónica Baldeón Limaylla, una de las proveedoras favorecidas con las compras directas realizadas por la II Dirtepol.
La empresaria reveló que fue el comandante PNP Marcel Carbajal quien se contactó con ella para acordar la adquisición de las mascarillas; pero que en realidad fue él quien las compró en farmacias ubicadas en la avenida Sáenz Peña de Chiclayo, urbanización Santa Victoria y hasta en Moshoqueque.
Así también, consta la declaración del policía Francisco Pérez Balladares, quien delató al oficial Carbajal, asegurando que fue él quien fijó el precio que debía señalar para las compras el proveedor favorecido Adolfo Guevara Torres.
Por tal motivo, se les imputa “haber direccionado las contrataciones, e incrementado los precios, en contubernio con los proveedores”.
Finalmente, el magistrado dictó comparecencia con restricciones para el suboficial Augusto Acosta Cajusol, quien estuvo a cargo del estudio de mercado para las adquisiciones; pero le impuso reglas de conducta más el pago de una caución de 15,000 soles para que obtenga su libertad.
Ellos fueron detenidos el pasado 20 de agosto en un mega operativo en Lima y Chiclayo, con el apoyo de más de 15 fiscales anticorrupción, peritos informáticos, policías de la Dirección Contra la Corrupción y de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior.
