El Poder Judicial confirmó el archivo de la investigación contra los excongresistas Javier Velásquez Quesquén (Partido Aprista Peruano) y Marisol Espinoza Cruz (Alianza para el Progreso) por haber cometido los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado.
Este proceso, que data del año 2018, se fundamentó en los indicios que reunió la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Lambayeque sobre presuntos favorecimientos que hicieron los exlegisladores al empresario Edwin Oviedo Picchotito, para que este mantenga el control de las azucareras Pomalca y Tumán.
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Cabe precisar que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó la resolución en base a la decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien el 22 de marzo notificó en la Disposición N° 06 que luego de una exhaustiva investigación y, habiendo agotado el plazo preliminar, no se encontraron mayores indicios que respalden las versiones de los denunciantes.
Por ello, Benavides concluyó que no había mérito para formular denuncia constitucional contra Velásquez y Espinoza.
Las imputaciones se conocieron cuando Oviedo ocupada el cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y estaban en trámite las acusaciones por la denominada organización criminal ‘Los Wachiturros de Tumán’.
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