Escrito por Melissa Romero
Dos despachos que forman parte de la Fiscalía Anticorrupción y contra Lavado de Activos de Lambayeque tendrán que remitir informes sobre los resultados más relevantes de las investigaciones que aún realizan contra el empresario Ernesto Flores Vílchez Vilchez.
Ello en atención al requerimiento que hizo la fiscal Deissy Ayala Cáceres, de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Lima, así como el procurador especializado, Miguel Sánchez Mercado.
CASOS
En la víspera, Correo reveló que Ayala dispuso que otras instancias judiciales del país alcancen copias de los actuados obtenidos en los casos que vinculan al también hermano del excongresista, Clemente Flores (Peruanos por el Kambio).
La decisión de la magistrada se enmarca en el trabajo que realiza su despacho por la supuesta conexión de empresas peruanas con el estudio jurídico Mossack Fonseca (caso Panama Papers) . Según la hipótesis fiscal, el referido empresario adquirió 7 sociedades offshore en Panamá e Islas Vírgenes Británicas para canalizar dinero, que tendría una dudosa procedencia.
A través de su pedido hecho por escrito, Deissy Ayala, señaló que anteriormente comunicó su necesidad de conocer los avances de otras investigaciones, pero no tuvo éxito en ese objetivo.
A POCO DE ACUSAR
En el año 2017, la fiscal coordinadora de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Lavado de Activos de Lambayeque, Ana Zegarra Azula, formalizó investigación preparatoria contra Ernesto Flores, por los presuntos delitos de lavado de activos y defraudación tributaria (expediente N° 1576-2017).
Esta denuncia se sustenta en un informe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), en el que se advierte que Flores registraba un incremento patrimonial no justificado de S/ 3’40,000.00. Asimismo, porque respecto al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), la Sunat descubrió que el empresario realizó movimientos de dinero por la suma de S/ 5’796,000.00, lo cual no concordaba con su renta declarada.
El problema es que la indagación de Zegarra tiene el plazo vencido, pues concluyó en noviembre del 2018. Desde entonces está pendiente que se interponga la acusación o solicite el archivamiento. Fuentes de este diario, indicaron que la magistrada viene cerrando el proceso e incorporando la pericia financiera - económica, que consta de cientos de folios.
SECRETO BANCARIO
La segunda denuncia por lavado de activos contra Flores está a cargo del fiscal José Guevara Gilarmas, quien busca esclarecer supuestas maniobras en torno a la Corporación Agrícola Úcupe.
Correo conoció que, en agosto del 2019, el magistrado pidió al Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo levantar el secreto bancario de Flores y de otros implicados, pero hasta el momento no hay respuesta del juez Carlos Chanamé. El despacho fiscal evalúa formular una queja por esta demora ante el órgano de control.

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