Huancaruna sería citado por caso “El Gran Chaparral”

La investigación de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada (Feccor) contra los miembros de la presunta red criminal denominada “El Gran Chaparral” expone a nuevos personajes.

Entre las declaraciones que brindaron testigos protegidos para este caso, aparece el nombre del empresario Olivio Huancaruna Perales.

Debido a las presunta vinculación que tendría una de sus empresas con esta organización criminal, la Fiscalía evalúa citarlo a declarar.

CONEXIÓN. Entre los hechos considerados en el pedido de la Feccor de 36 meses de prisión preventiva contra 12 imputados de la organización “El Gran Chaparral”, se considera el asesinato del exteniente gobernador del caserío “El Mirado”, del distrito de Chongoyape, Napoleón Tarrillo Astonitas.

Hasta ahora, Hipólito Cruzado Rafael, sindicado como cabecilla de esta red criminal, ha recibido esta medida coercitiva -entre otras razones- por el presunto delito de homicidio calificado en agravio del exdirigente.

Sin embargo, existen testigos que involucran a otras personas en este asesinato. Una de ellas es el empresario Olivio Huancaruna Perales quien fue mencionado por el testigo con clave de reserva Feccor-CH-08-2018.

En su declaración, se hace referencia al también presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque y a una de sus empresas, Agrícola San Juan.

De acuerdo al testimonio brindado a la Feccor el 7 de marzo de este año, dos trabajadores de seguridad de dicha empresa agroindustrial habrían participado en el ataque a Tarrillo Astonitas.

La versión del testigo sostiene que los empleados de Agrícola San Juan estuvieron presentes la noche de aquel 30 de diciembre de 2017, cuando murió el exteniente gobernador.

En total, según refiere, habrían participado en el asesinato nueve personas. En el caso de Hipólito Cruzado, alías “Tronco Mayor” y Adán Cruzado Carranza, el testigo asegura que ambos ingresaron a la vivienda de Napoleón Tarrillo junto a los dos trabajadores de la empresa agroindustrial.

Luego, habrían ahorcado y golpeado al exteniente gobernador en diferentes partes de su cuerpo hasta que lograron matarlo.

Mientras tanto, los hermanos Juan, Jeiner, Jorge y Javier Cruzado Carranza (este último aún permanece prófugo) habrían rodeado la casa con la intención de evitar que los vecinos saliesen a ayudar a Napoleón Tarrillo.

“Idelso López Vásquez (quien también está imputado en este caso), fue el que trasladó en su mototaxi a los dos sujetos que trabajan para Olivio Huancaruna, desde el cruce de la carretera a Tocmoche al caserío El Mirador”, se puede leer en el requerimiento de la Fiscalía.

En otra parte del documento, la declaración de otro testigo con clave de reserva, del 3 de noviembre de este año, también menciona al empresario.

Según su propio relato, citado dentro de los argumentos de la Feccor, Hipólito Cruzado y su hijo Adán le comentaron “que habían recibido el apoyo de un empresario de apellido Huancaruna”.

Esta afirmación habría sido lanzada días después del desalojo del 16 de julio de 2016 que logró ejecutar la comunidad campesina “San Francisco de Asis”, de Salas, para recuperar terrenos del fundo “Jahuey Negro”.

Debido a estas referencias a Olivio Huancaruna, el fiscal coordinador de la Feccor, Juan Carrasco Millones, aseguró que el empresario podría ser citado a rendir su declaración.

Correo intentó reiteradamente comunicarse con el empresario aludido, a través de llamadas, mensajes y del área de comunicaciones de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, pero no fue posible obtener una respuesta.

DECISIÓN. La jueza Cecilia Grandez Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, culminó ayer de resolver el pedido de prisión preventiva contra 12 de los investigados.

Como se recuerda, el pasado viernes, se declaró fundado este pedido para Hipólito Cruzado Rafael, sus hijos Adán y Jaime Cruzado Carranza y Agustín Vera Núñez.

Este último imputado fue teniente gobernador del caserío “El Mirador”, de Chongoyape. Sin embargo, testigos del caso señalaron a la Fiscalía que fue reemplazado por Napoleón Tarrillo Astonitas debido a malos manejos y su presunto apoyo a la familia Cruzado Carranza.

La audiencia continuó ayer y la magistrada Cecilia Grandez también impuso 36 meses de prisión preventiva a los hermanos Casimiro y Jeiner Cruzado Carranza, Víctor Flores López, Blanca Alarcón Centurión, Saul Altamirano Vásquez, Elías Delgado Castro, y José Antonio Maluquis Pinedo, quien ya estaba recluido en el penal de Chiclayo por otro delito.

En el caso de los hermanos Casimiro y Jeiner, la jueza concluyó que existieron graves y fundados elementos de convicción para los delitos de usurpación agravada, organización criminal y homicidio calificado en calidad de tentativa en agravio de Lucio Sembrera de La Cruz, presidente de la comunidad campesina “San Francisco de Asís”, y Ada Janet Uriarte Santoyo.

Sin embargo, la jueza descartó alguna relación entre ellos y el asesinato de Napoleón Tarrillo Astonitas pues solo fueron sindicados por un colaborador eficaz.

En su decisión, Grandez Rojas también determinó que siete personas participaron en el atentado contra los comuneros Sembrera de La Cruz y Uriarte Santoyo utilizando 3 fusiles y cuatro escopetas. Este hecho se registró el 19 de agosto de 2016.

Al último investigado Idelso López Vásquez no se le impuso prisión preventiva. La Fiscalía le imputaba el delito de organización criminal y homicidio calificado en agravio de Tarrillo Astonitas.