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La Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) del Ministerio Público en Lambayeque dispuso abrir investigación preliminar contra los fiscales adjuntos Ronal Nayú Vega Regalado y Paolo Martín Bazán Mezarina, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.
Fuentes de Correo permitieron tener acceso a la disposición de ODCI a raíz de la queja presentada por Erik Morales Chanamé, testigo en uno de los casos a cargo del mencionado despacho, quien ahora asegura haber declarado bajo “engaño” y que los fiscales en cuestión habrían coordinado con la parte denunciante para favorecerla en el proceso.
LÍO
Todo surge en torno al caso N° 1492-2014, seguido contra Jaime Luis Villanueva Reyes y otros, por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Como denunciante figura Jorge Eugenio Monsalve Salcedo (exsocio empresarial del denunciado) y, como actor civil, el padre de este último, Jorge Miguel Monsalve Mesones.Si bien inicialmente declaró en contra de Villanueva Reyes, Erik Morales afirma en su queja que la denuncia fue parte de las “maniobras fraudulentas” de Monsalve Mesones y que “rindió una declaración bajo engaño” por parte de dicho actor civil.
En el mismo documento, ingresado a ODCI el pasado 24 de julio, Morales asegura que el fiscal Ronal Vega, a cargo del caso, “estaría manteniendo acuerdos con el denunciante (...), los cuales se habrían llevado a cabo mediante el fiscal Paolo Bazán”.
El testigo dice haber participado en reuniones en la casa de este último y muestra capturas de pantalla de un mensaje enviado desde el supuesto correo electrónico del fiscal Ronal Vega con el asunto “1492 pedrito”, remitido tanto al fiscal Paolo Bazán como a Jorge Monsalve Mesones, con el requerimiento acusatorio del caso como archivo adjunto.
El despacho de ODCI menciona que el testigo ha hecho referencia a que los fiscales “habrían participado en presuntos actos de corrupción conjuntamente con Jorge Monsalve Mesones y otras personas”, por lo que también dispone remitir copias certificadas tanto a la Fiscalía Superior Penal en Liquidación de Lambayeque como a la Fiscalía Anticorrupción, para que procedan conforme a sus atribuciones.
Sobre el particular, Correo buscó conversar con los fiscales Ronal Vega y Paolo Bazán, quienes prefirieron no declarar aún pues indicaron que habían sido notificados hace poco tiempo y debían revisar con detenimiento la disposición de ODCI.
No obstante, fuentes consultadas señalaron que, en el caso de Bazán Mezarina, este no habría trabajado en Chiclayo durante el 2014, cuando inició la investigación, y desde lo cual han pasado casi cinco años, lo cual podría desacreditar la versión del testigo. Por lo pronto, se tendrá que esperar para conocer el resultado de las diligencias preliminares.
