Investigan presunta mafia de tráfico de lotes para colegios en Educación

Un verdadero “culebrón” es el que investiga la Comisión de Fiscalización y Ética del Consejero Regional de Lambayeque, la cual salpica a varios exfuncionarios de Educación, algunos actuales y hasta a un consejero oficialista.

Según documentos a los que tuvo acceso Correo, a lo largo de los últimos años se habría estado depositando dinero (por redención) a una cuenta embargada de la Gerencia Regional de Educación, a cambio de que terceros (inmobiliarias) se apropien, irregularmente de terrenos donde debería construirse colegios.

ESCÁNDALO. El asunto salta a la luz tras conocerse que la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia ordenó a principios de este año (enero) la demolición de lo construido en el lote 3 de la Mz. “E” en Villas del Sol (Urbanización Villa del Norte) de 991.78 metros cuadrados de propiedad del Ministerio de Educación.

Dicho terreno estaba destinado a la construcción de un colegio, pero la inmobiliaria Pronorte, de la cual fue apoderado legal el actual y reelecto consejero regional, Miguel Bazán Zárate (exregidor de Manos Limpias), construyó una vivienda.

Esto provocó que la Comisión de Fiscalización investigue al citado consejero, a quien, según él, no lograron comprobarle nada.

Además, a pesar de la orden judicial, hasta el momento, extrañamente, el procurador público del Gobierno Regional de Lambayeque, Amado Rodríguez Monteza, no ejecuta la demolición.

Pero Correo pudo conocer que en este proceso la Comisión de Fiscalización encontró que este no era el único caso, logrando comprobar que otros 5 terrenos estarían en la misma condición, varios ligados a inmobiliarias donde Bazán Zárate era apoderado.

Para esto, dicha comisión, tras la declaración del consejero Miguel Bazán en este fuero, donde denunció que detrás de todo esto habría más de 100 lotes en similar condición, la comisión solicitó ampliar el plazo para seguir investigando.

Frente a esta ampliación del proceso, la Gerencia Regional de Educación remite a esta comisión una lista con un total de 113 aportes de habilitación urbana (terrenos) saneadas, las cuales fueron puestas en tela de juicio por el consejero Miguel Bazán.

ANTECEDENTES. La investigación ha logrado concretar los siguientes pagos por redenciones: Urbanización Pronorte abonó S/ 14,086.56 el 23 de agosto de 2007.

La urbanización Bella Alameda depositó S/ 14, 801.60 (13 octubre 2016). S/ 19, 559.05 (22 de enero 2011). S/ 19, 036.17 (29 de enero 2016). Ambas inmobiliarias (Pronorte y Bella Alameda) tienen como apoderado legal al consejero Miguel Bazán.

También aparece el pago por S/ 100, 631.16 de Daniel Zavaleta Herrera (13 de setiembre de 2016).

Todos estos depósitos, según documentación sustentatoria, fueron hechos a la cuenta del Banco de la Nación N° 0231031243, cuyo titular es la Dirección Regional de Educación.

Pero ¿por qué a esta cuenta? La razón se pone al descubierto, en parte, con los oficios que el exdirector de la Unidad de Gestión Educativa (Ugel) de Chiclayo, Manuel Rojas Cubas, remitió a diferentes estamentos, como la Municipalidad Provincial de Chiclayo y Registros Públicos en abril de 2016.

En dichos oficios, que, según se aprecia, no iba con copia para nadie, el exfuncionario informaba los requerimientos mínimos que deben tener los terrenos para ser considerados como aportes a las habilitaciones urbanas.

Además, añade: “… exija la presentación de la transferencia notarial de propiedad de los terrenos, o el pago que acredite la venta o redención, solicitando como constancia el comprobante del depósito a la cuenta del Banco de la Nación N° 0231031243”, se lee en los documentos.

Lo arriba descrito se condice con el Oficio N° 00501 de enero de 2015, en el que, el mismo Rojas Cubas remite al alcalde chiclayano, David Cornejo, en donde le advierte: “… hago de su conocimiento que mi sector no ha dispuesto, ni dispondrá que los predios de aportes reglamentarios sean redimidos o vendidos por ningún caso, por no estar facultado para dicho acto administrativo por ser competencia del Ministerio de Educación…”.

A esto hay que acotarle que, la extinta Zoila Uriarte Gonzales (exdirectora de la Ugel Chiclayo), solicitó, en noviembre de 2013, a la Oficina de Infraestructura Educativa (Oinfes) “opinión legal de predio a redimir” (caso similar).

Oinfes respondió: “…no es factible atender el requerimiento presentado por la empresa…”.

Asimismo, el 13 de julio de 2012, la exdirectora de la Ugel Chiclayo, Miriam Montenegro Fernández, le pidió al administrador del Banco de la Nación de Chiclayo “abstenerse de recepcionar depósitos o cheques a nuestra cuenta”.

Esto porque detectó que en la ahora famosa cuenta N° 231031243 “se vienen efectuado sistemáticamente diversos depósitos por redimir de terrenos de aportes reglamentarios…que vienen efectuando depósitos de forma irregular y asolapada, puesto que en mi sector no han efectuado trámite alguno…”

HABLA BAZÁN. Correo entrevistó, al respecto, al consejero regional, Miguel Bazán Zárate, quien pensó, al principio- según dijo- que la entrevista era ‘extorsiva’.

“Voy a ser crudo, si lo que quieren es extorsionarme, publiquen nomás…”.

Ante tal actitud, Correo le aclaró a Bazán Zárate que buscábamos su versión para este informe periodístico, independientemente de las experiencias que haya tenido con otros medios, lo cual fue entendido por el consejero, quien accedió a responder con otro tono y en otro clima.

“No solo me investigó la Fiscalía, también la Comisión de Fiscalización, lo que han reabierto es una investigación sobre el procedimiento que se está llevando en la Ugel Chiclayo y en la Gerencia Regional de Educación con relación a las redenciones, ya no sobre mí”, indicó.

Al preguntarle acerca de la percepción que habría en la Comisión de Fiscalización, sobre que su inmobiliaria partió en cuatro habilitaciones urbanas el terreno que manejaba, a fin de evitar entregar el obligado lote para colegios, este explicó.

“¿Cómo una empresa mediana local puede desarrollar pistas y veredas?, ¿con qué capital de un área muy grande?, porque, imagínese, de dónde saco capital para habilitar algo tan grande”, indicó.

Además añade que las empresas donde era apoderado (Bella Alameda, Perú Sac., Villa del Norte y Pronorte), realizó los depósitos de redenciones tal como manda la norma.

“No entiendo porque tanto salto si el suelo está parejo. Le he pedido a la comisión que investigue, es que hay toda una mafia de tráfico de terrenos ahí, y un tráfico de los aportes en la Dirección Regional de Educación, porque ahora resulta que hay una relación de 113 terrenos, pero para mí eran 120… el margesí de bienes no está actualizado y recién lo quieren actualizar, eso es lo preocupante”, recalcó.

Por último puso en tela de juicio la propiedad de la Gerencia Regional de Educación respecto a los 113 lotes que se investigan.

“Que la gerencia precise cuántas redenciones se ha producido desde el año 2000, ¿por qué algunas no aparecen? Que se aclare cuáles son los aportes reglamentarios y no reglamentarios, por eso es que se han quedado con 113 terrenos que no sirven para nada, porque algunos no cumplen con los requisitos y ahora son canchas de fulbito, otros viviendas y otros fueron vendidos a terceros”, acotó.