La Unidad de Investigación de la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) propuso que se imponga la medida cautelar de suspensión a un magistrado del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, porque habría incurrido en falta grave al designar a una nueva administración judicial en la Empresa Agroindustrial Tumán.
Mediante la Resolución N° 11 la vocal superior Flor Guerrero Roldán dispuso abrir un procedimiento disciplinario contra el juez Frank Pérez Alquizar y a su vez, propuso ante la Unidad de Prevención de la Ocma que se le suspenda en el ejercicio de sus funciones, por haber incurrido en falta de motivación, al emitir un fallo con el cual dispuso la salida del exadministrador judicial de la azucarera, Segundo Ordinola Zapata.
FALLO. Para la referida magistrada, la actuación de Pérez Alquizar es incoherente debido a que alegó una afectación al derecho de defensa de los accionistas para nombrar a una nueva administración judicial encabezada por Marcelino Llontop Suyón. Lo correcto - según sostiene - es que debió ordenar la incorporación del accionista demandante (Jorge Vega Sánchez) al proceso principal para que pueda defenderse.
Dicho proceso se ventila en el Séptimo Juzgado Civil que despacha la jueza Liz Fabián Palomino. Para la vocal de la Ocma, el juez Pérez Alquizar no debió abocarse a cuestionar malos manejos por parte del exadministrador judicial Segundo Ordinola, pues le correspondía a la jueza antes citada.
Del mismo modo, la jueza de la Ocma calificó de incongruente el accionar de Pérez Alquizar porque a pesar de haber afirmado que no existían visos de que la administración judicial de Segundo Ordinola cumpliría su objetivo (al haberse incremento en vez de reducido la deuda al Grupo Oviedo, que conllevó a su instalación desde hace 5 años) decidió nombrar a otros administradores judiciales.
“El cuestionamiento relacionado a presuntos malos manejos incurrido por la administración judicial, deviene en una situación que correspondía ser ventilada en el proceso judicial en el que se concedió la administración judicial (Séptimo Juzgado Civil) y no así en la vía constitucional”, se lee en la resolución de la vocal de la Ocma.
El mismo cuestionamiento se hace contra el juez José Alberto Vallejos Florián del Juzgado Mixto de Rodríguez de Mendoza de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Como se recuerda dicho magistrado también concedió una medida cautelar a otra facción de accionistas de la azucarera, nombrando a su vez nuevos administradores judiciales.
Para la magistrada de la Ocma la actuación del referido juez es irregular porque dispuso el embargo de la azucarera en forma de administración por un monto de 9 millones de soles, con el fin de asegurar el pago por derecho de CTS de los trabajadores de la excooperativa; sin embargo “ello no podría ser objeto de discusión a través de un proceso constitucional de amparo”.
Al respecto el abogado del Grupo Oviedo, José Isla Montaño, sostuvo que la suspensión del juez Pérez Alquizar debe ejecutarse a la brevedad posible, puesto que cometió inconducta funcional al nombrar como administrador judicial de la compañía, a Marcelino Llontop en reemplazo de Segundo Ordinola.
“Esto implica que todos los actos del juez y de la administración de Tumán son ilegales y no surten ningún efecto jurídico, toda vez que su origen proviene de una grave inconducta funcional calificado así por la Ocma al extremo que se ejecutará una suspensión de dicho magistrado. Iniciaremos acciones legales civiles y penales contra los que resulten responsables, por este latrocinio generado”, dijo.
Además, sostuvo que con lo dispuesto por la Ocma, procede la reinstalación inmediata de Segundo Ordinola como administrador judicial de la azucarera debido a que se dispuso su salida mediante una resolución ilegal.
“Si el juez que dictó la medida cautelar está siendo investigado por una grave inconducta funcional, de manera inmediata procede la reinstalación de la administración judicial de Ordinola Zapata, porque se trataría de una resolución ilegal, al punto que el juez está siendo severamente sancionado”, acotó.
Correo trató de comunicarse con el administrador judicial Marcelino Llontop pero no respondió las llamadas.