El abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Norbel Mondragón, sostuvo que la Procuraduría del Ministerio del Ambiente (Minam) actuó de manera arbitraria e injusta al proceder con una medida cautelar contra integrantes de la Comunidad Campesina Santa Catalina- Muchik de Chongoyape.

Hace poco, el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo concedió una resolución a favor del pedido de la Procuraduría  para el retiro y desmantelamiento de las edificaciones turísticas implementadas en el área Ecocamping Racarrumi, que forma parte de la reserva ecológica de Chaparrí.

LEE AQUÍ: Fiscal acusa a defensores de Chaparrí por alteración del ambiente

Mondragón señaló que la Procuraduría se excedió en esta medida, pues el proceso contra seis comuneros por la alteración del paisaje natural y daño ambiental aún no termina.

“Es cierto que el juicio se viene postergando y ahora está para instalarse en octubre, pero si resultan absueltos, quién resarcirá la pérdida de sus propiedades.  La Procuraduría no está entendiendo cómo funciona una comunidad. Chaparrí fue declarada como área de conservación privada en 2001. Los comuneros gestionan sus recursos para proteger la diversidad del lugar y, además, han instalado servicios turísticos para generar ingresos y subsistir”, explicó el abogado.

La medida cautelar fue apelada y será revisada por los magistrados de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque. Con esta acción se busca que las operaciones del proyecto turístico continúen.

Cabe indicar que la Fiscalía pide 4 años de pena privativa de la libertad para los comuneros que habrían cometido delito en el área protegida.

LEE AQUÍ: Invasores intentan tomar tierras de la comunidad de Chongoyape

VIDEO RECOMENDADO