La Fiscalía requiere prisión preventiva para dos contratistas implicados en el caso Roberto Torres
La Fiscalía requiere prisión preventiva para dos contratistas implicados en el caso Roberto Torres

Tal como se había anunciado, la Fiscalía comenzó a requerir la prisión preventiva para 10 de los nuevos implicados en la presunta organización criminal “Los Limpios de la Corrupción”, encabezada por el recluido exalcalde de Chiclayo, Gonzales.

En este primer pedido están incluidos los contratistas Julio Giancarlo Otiniano Plascencia y Julio Porfirio Otiniano Ortiz, quienes, según la investigación fiscal, habrían sido beneficiados con el direccionamiento de una de las millonarias obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Chiclayo durante la gestión de “El Jefe”.

INVESTIGADOS. El pasado 30 de septiembre, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo ingresó el requerimiento de prisión preventiva contra los mencionados, por los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho activo genérico, según consta en el expediente N° 5207-2014.

En dicho documento, el fiscal responsable, Sergio Lucio Zapata Orozco, solicita la medida de coerción para los empresarios, como participantes en el proceso de licitación pública N° 01-2014-MPCH-CE, para la obra “Mejoramiento de la pavimentación de la urbanización San Martín y urbanización Campodónico - Chiclayo”, valorizada en S/. 10 millones 927 mil 080.

La buena pro de los trabajos fue otorgada al consorcio Chiclayo, conformado por Julio Otiniano Plascencia y Julio Otiniano Ortiz, siendo el primero de ellos quien figura como representante legal común de la empresa.

Como sustento, el requerimiento fiscal se basa, entre otros elementos, en las declaraciones del colaborador eficaz 70-2014, quien, según se lee en el documento, dijo conocer que Roberto Torres habría llamado por teléfono al exgerente de Infraestructura, Carlos Mendoza Oliden, para manifestarle que la obra mencionada la ejecutaría Otiniano Plascencia, luego que este hubiera entregado los RTM (requerimientos técnicos mínimos).

A esto, según la Fiscalía, se suman los registros en el cuaderno hallado en la habitación de “El Jefe”, en el cual este habría anotado los montos de las “coimas” recibidas para otorgar la buena pro en distintas obras municipales. En dicho cuaderno, aparecen varios montos con el rótulo “obra Campodónico”.

Además, el requerimiento menciona las declaraciones de Segundo Alcántara Chávez, miembro del comité especial de licitación, quien también refiere la forma como se habría direccionado la obra mediante la actuación de una abogada de nombre “Diana”.

MILLONES. Cabe agregar que, con fecha 4 de junio de 2015, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), a través de su procuradora municipal, Edith Rosario Cancino Gamarra, firmó el acta de conciliación N° 53- 2015 con el citado contratista (Otiniano Plascencia) por la obra antes descrita.

En el documento, la comuna se compromete a pagar, en 7 cuotas (hasta diciembre 2015), S/. 2 millones 957 mil 715.25, por el concepto de valorizaciones, gastos generales e indemnización por daños y perjuicios solicitados por el consorcio Chiclayo, habiendo el municipio cancelado hasta el momento S/. 1 millón 721 mil 834.02.

Todos estos pagos, la MPCh los viene realizando con dinero del Fondo de Compensación Municipal- Foncomun, por lo que, se conoció, que la Contraloría estaría solicitando en breve, al municipio, el sustento técnico de cada una de las valorizaciones pagadas.

Para el experto en contrataciones, Jorge Chávez Pita, esto podría implicar un mal uso de los fondos del Estado.

“Esta obra tuvo que contar con un presupuesto aprobado para tal fin, como así está expresado en las bases de la respectiva licitación, la cual considera como fuente de financiamiento recursos determinados, lo que implicaría que la obra ya contaba con un presupuesto financiado, o sea, los pagos que se vendrían efectuando mediante el Foncomun podrían ser irregulares, máxime si corresponden al ejercicio presupuestal 2014”, acotó.

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