:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/WXBXVOQYFVDADIUFI5VCW3D6DM.jpg)
La Fiscalía Anticorrupción solicitará informes a Mesa de Partes de la sede principal del Ministerio Público, ubicada en la calle Izaga, para establecer si el suspendido gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, concretó una visita al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Alejandro Lamadrid Ubillús.
Esta información fue revelada durante una anterior audiencia de prisión preventiva, seguida contra la autoridad regional y 16 investigados más.
Según la fiscal anticorrupción, Karim Ninaquispe Gil, mesajes hallados en el celular de Lozano revelaron sus coordinaciones con el abogado, Walter Torres Vera, para buscar a los titulares del Ministerio Público y de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
La finalidad habría sido entorpecer las pesquisas que, desde octubre del año pasado, habían iniciado en contra de Lozano por haber direccionado un millonario proyecto de inversión pública del Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque.
Como se recuerda, este hallazgo fue como la ‘punta del iceberg’ que llevó a la Fiscalía Anticorrupción a descubrir el supuesto pago de coimas, que se habrían registrado cuando Lozano se desempeñó como alcalde de La Victoria.
Existe información que señala que el gobernador sí acudió la sede del Ministerio Público en Chiclayo, un día antes de su detención; es decir el 26 de enero, aunque eso no ha sido corroborado; el fiscal, Alejandro Lamadrid ha negado que se haya producido encuentro alguno.
Resuelve
Ayer, cerca de las 06:00 de la tarde, el juez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Reynaldo Leonardo Carrillo, inició la lectura del fallo sobre la medida de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía contra Anselmo Lozano por presuntamente haber liderado una organización criminal en La Victoria, la cual luego se extendió al GORE.
El presente caso comprende a autoridades, funcionarios y contratistas, sobre quienes pesan graves indicios de su participación en los presuntos delitos de organización criminal, colusión, cohecho pasivo, cohecho activo y tráfico de influencias.
De acuerdo a las indagaciones, Lozano obtuvo diversas sumas de dinero o coimas cuando fue alcalde de La Victoria. Los contratistas le otorgaban ‘apoyos’ tras haber conseguido las adjudicaciones de obras.
En su accionar delictivo habría contado con la complicidad de sus principales gerentes, quienes posteriormente pasaron a ocupar cargos estratégicos en el gobierno regional.
Al cierre de la presente edición, el magistrado, Reynaldo Leonardo, aún evaluaba los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía sobre el total de los denunciados en esta compleja trama de corrupción.
