Lambayeque: “Chacho Palomino” está en carceleta

Sale de su escondite. El exoficial de la Policía Nacional, Charles Orlando Palomino Bravo, alias “Chacho Palomino”, decidió entregarse a la justicia luego de 10 años de haber permanecido oculto en la clandestinidad.

MIRA AQUÍ: Lambayeque: Intentan penalizar a jueces y fiscales

Durante todo este tiempo, el exlugarteniente de la organización criminal “La Gran Familia” logró burlar los controles policiales a pesar de que fue incluido en la lista de “Los Más Buscados” y se ofrecía una recompensa de S/50,000 por información sobre su paradero.

Sin embargo, ayer decidió presentarse de manera voluntaria ante la Policía Judicial para enfrentar las acusaciones que pesan en su contra por los delitos de usurpación agravada, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

HECHOS

Al revisar en el sistema judicial, los agentes verificaron que “Chacho Palomino” se encuentra requisitoriado por el delito de usurpación agravada desde el año 2011.

En aquella época, la Fiscalía lo acusó de haber participado junto a otras personas en la toma de las instalaciones de la empresa Industrial Pucalá, por lo que pidió que sea sentenciado a cuatro años de cárcel.

Cuando el Juzgado Penal de Chiclayo señaló fecha para el inicio de juicio oral, “Chacho Palomino” no se presentó, por lo que fue declarado reo contumaz y se ordenó su ubicación y captura a nivel nacional.

Debido a su prolongada ausencia y para que el caso no prescriba, el Juzgado Penal ordenó la suspensión del juzgamiento. Sin embargo, ahora deberá programar la fecha de audiencia y notificar a los acusados para que se presenten al juicio.

Según el expediente N° 4690 – 2010, además de Palomino Bravo también han sido acusados los abogados Alexander Martel Timaná ízaga, Irvin Honorio Ayora Linares y el trabajador Marcelino Zeta García.

De acuerdo a la investigación fiscal, la toma de la empresa azucarera ocurrió el 21 de agosto de 2010 y para ello “no han dudado en disparar al cuerpo de quien en vida fue Segundo Victoriano Burgos Fernández, ocasionándole la muerte. Los proyectiles provinieron de dos armas diferentes”.

TESTIMONIOS

Como medios de prueba, la Fiscalía presentó la declaración de dos trabajadores de la empresa Pucalá, quienes narraron que el día de los hechos se encontraban pagando al personal contratado.

En ese momento, frente a la puerta principal se estacionó una camioneta 4x4 con lunas polarizadas, de la cual descendieron cuatro individuos que pidieron ingresar para visitar a unos pensionistas. Pero al pedirles sus identificaciones, sacaron sus armas de fuego, pistolas 9 milímetros y les apuntaron en la cabeza.

Con palabras soeces les ordenaron tirarse al suelo y en ese instante vieron que ingresaron Alex Timaná y Marcelino Zeta, a quienes reconocieron porque trabajaban en la empresa. Luego, detrás de ellos ingresaron un promedio de 12 personas que hicieron disparos al aire.

Mientras tanto, Alex Timaná gritaba que ya había ingresado la nueva administración judicial, mostrando un sobre manila. Sin embargo, al ver esto, el personal que estaba cobrando empezó a atacarlos con piedras iniciándose una trifulca.

“Ellos corrieron hacia la salida realizando disparos al aire, pero al verse perdidos empezaron a disparar al cuerpo de todos mis compañeros y unos se escondieron detrás de los árboles y otros en la Garita. Luego vimos que el señor Segundo Burgos estaba tirado boca arriba sangrando y todos gritaban y pedían ambulancia”, narró uno de los testigo.

Mientras esto ocurría, “Chacho Palomino” se presentó en el destacamento policial y luego en la comisaría para pedir apoyo en una diligencia de reposición, asegurándoles que en el interior de la empresa se encontraba la autoridad de la zona ejecutando la resolución judicial.

“Circunstancia que había sido aprovechada por las personas contratadas por el entorno de los abogados acusados, a fin de proceder a tomar las instalaciones, sorprendiendo con sus armas de fuego a los vigilantes. Esto evidencia el propósito de distraer al personal policial”, consta en la acusación fiscal.

OTRO JUICIO

El 12 de mayo de este año, la Segunda Sala Superior de la Corte Nacional de Justicia Penal confirmó la sentencia de 11 años de cárcel, por el delito de asociación ilícita para delinquir, que se impuso a 18 miembros de “La Gran Familia”, que encabezaba Ángel León Arévalo “Viejo Paco” (fallecido).

Además, ordenó un nuevo juicio por los delitos de extorsión, pena por la que habían sido absueltos. Para aquel día, también se tiene previsto que inicie el juicio contra “Chacho Palomino” por asociación ilícita y lavado de activos.

Según la carpeta fiscal N°, dentro de la red criminal, Palomino Bravo tenía la función de “acompañar y controlar a los encargados de participar en los homicidios dispuestos por el Viejo Paco”.

También se le imputa “ser la persona que ocultaba, convertía y transfería el dinero adquirido de los actos ilícitos realizados (extorsión, usurpación) por la mencionada red delictiva, actuando como testaferro del Viejo Paco”.