Lambayeque: Fallo judicial que cambia administración en Agropucalá no se cumple

Hace más de un mes, la juez Liz Fabián Palomino, del Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, emitió la Resolución N° 557 con la cual designó a una administración concursal en la empresa Agropucalá SAA; sin embargo hasta el momento no es acatada.

Desde el 17 de mayo, la juez dejó sin efecto la designación de las administradoras judiciales Yolanda Pérez Arrascue y Paulina Ventura Zapata, y ordenó que ambas hagan entrega del cargo y del acervo documentario a la administradora concursal Yuly Herrera Llamoca.

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Además, ordenó la inscripción de dicha resolución en la Sunarp, cancelando todos los poderes, designaciones y delegación de facultades que hayan otorgado las exadministradoras judiciales.

Al día siguiente de ser emitida la resolución, se registró un enfrentamiento en las instalaciones de la excooperativa, donde dos trabajadores resultaron heridos al recibir disparos del personal de seguridad, según informó la comisaría sectorial.

El abogado Edmundo Gálvez Rodríguez, representante de los Créditos Laborales de Agropucalá e Industrial Pucalá, indicó que aquel día, decenas de policías llegaron al distrito pero solo para sacar a los trabajadores que, en horas de la mañana, habían tomado el control pacífico de la azucarera.

“Sabiendo que había una resolución que designaba a una administración concursal, no les importó nada. Sin una orden de operación, y sin que haya una orden judicial, han hecho entrega de las instalaciones de la empresa a un señor Timaná, como si él fuera el apoderado de la empresa, a pesar que el Juzgado ya les había quitado los poderes”, manifestó.

DENUNCIAN PRESUNTOS ACTOS IRREGULARES DE LA POLICÍA

Precisó que dicho acto quedó plasmado en una acta que solo habría firmado el coronel Jorge Morante Sosa. “En la misma acta dice que la intervención la hacen por orden judicial; sin embargo, en el acta no aparece firmando ni siquiera el secretario del juzgado. La prefecta tampoco firmó porque sabía que se había realizado de manera irregular”, aseveró.

Precisó que dicha situación se ha informado a la juez Fabián Palomino, pero ella aún no se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, ha presentado una queja en Inspectoría PNP, para que se investigue el accionar del citado oficial y quienes estén involucrados.

“Él no lo habría hecho solo, definitivamente, tiene que haber recibido órdenes superiores, se trata de oficiales de alto rango, por eso hemos presentado la queja en Lima. También estamos preparando una denuncia penal en la Fiscalía”, aseveró.

Asimismo, cuestionó a la Policía por permitir que la muerte de Fernando Barboza Coronel (33), el pasado 26 de abril, quede impune. Como se recuerda, aquel día varios trabajadores reclamaron el pago de sus salarios, generando enfrentamientos.

“No tenemos ningún detenido a pesar que el señor murió dentro de las instalaciones de la empresa, lo han sacado, lo han botado prácticamente 500 metros afuera de las instalaciones y sin embargo no hay ningún responsable”, puntualizó.

SUNARP. Por último, Gálvez comentó que la designación en la Sunarp de abogados recomendados por el ministro de Justicia, Félix Chero, les causa preocupación, pues su hermano (Wilfredo Chero) ha representado a las exadministradoras judiciales.

“Preocupa porque la inscripción para la cancelación de la administración judicial que el juzgado ha enviado a la Sunarp está pendiente, aún está dentro del plazo para que resuelva, pero llama la atención estos nombramientos”, refirió.