Parte de los funcionarios designados por la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas Carranza, no cuenta con suficiente experiencia en la gestión municipal.

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Este tema ya motiva cierta preocupación en el círculo de confianza de la autoridad, debido a la Ley N° 31419, que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y que rige para todo el aparato gubernamental gracias a la Autoridad Nacional del Servicio Civil - Servir.

Es por ello que en el despacho de alcaldía se discute los posibles cambios de gerentes y subgerentes que podrían concretarse en los próximos días, según lo que pudo conocer este diario.

Se supo que este análisis responde a que para la alcaldesa Cubas es muy importante manejarse dentro de la ley.

los casos. El ingreso del conocido ingeniero industrial, Jorge Nakazaki Servigón, para el cargo gerente general de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), fue una decisión bien recibida entre otras autoridades y la sociedad civil.

El problema con Nakazaki es que no cumple los requisitos para esa función.

De acuerdo a la documentación que revisó Correo, el gerente ha trabajado anteriormente para otras entidades públicas, ninguna de ellas es un municipio.

Su mayor experiencia profesional como empleado público y los 6 años como gerente de la Autoridad Portuaria Regional no le otorgan el nivel funcionario para el puesto de gerente municipal.

Ayer, se conoció, extraoficialmente, que el caso de Nakazaki ya fue consultado a la Servir, desde donde respondieron que solo le alcanza para ser subgerente de Administración o de Planificación.

En base a la ley, los nuevos gerentes y subgerentes pueden llegar a esa condición, si acreditan experiencia mínima de 3 años en puestos similares.

Otro ejemplo es el ingeniero civil Manuel Borja Suárez, quien dirige la Gerencia de Infraestructura Pública. Él tiene una amplia experiencia en el ámbito privado. Asimismo, se ha desempeñado como perito y consultor y ha trabajado para el ministerio de Transportes, Foncodes, Sencico, el Programa A trabajar Urbano y el Cofopri.

Pero no ha estado en la gestión municipal y según la Ley de Idoneidad no tendría los requisitos mínimos para estar en el cargo.

Siguiendo con esa lógica, en la lista también se encuentra la gerente de Recursos Humanos, Jesús Alicia Fernández Palomino.

Se trata de una abogada que tiene varios años de experiencia como docente universitaria. Fue funcionaria del Gobierno Regional de Lambayeque durante 11 meses y de la Municipalidad Provincial de Cutervo (Cajamarca)durante 9 meses.

El gerente de Tecnología de la Información, Óscar Capuñay Uceda, es ingeniero de sistemas, pero registra más experiencia como docente y en el ámbito privado. Ninguna experiencia previa como funcionario o servidor público.

Tampoco se salva la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos de la MPCh. A la fecha se ha presentado una terna, que está integrada por las abogadas, Mary Colina Moreno (secretaría general), Doris Montalvo Cabrera (Asesoría Jurídica) y Jesús Fernández (Recursos Humanos).

Colina no cuenta con experiencia para esa labor. Ella ha sido catedrática en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) y ha trabajado para el ministerio de Justicia.

Mientras que Montalvo sí acreditó haber laborado 1 año y 8 meses en la Secretaría Técnica del Procedimiento Disciplinario de la Red Essalud de Lambayeque, pero le faltan 16 meses.

Existen más ejemplos y, seguro, habrá novedades al respecto.

Desde la comuna se ha presentado una propuesta para los funcionarios de la Beneficencia de Chiclayo.

Hasta el momento se encuentran el médico Luis Sandoval, quien ha trabajado en la UNPRG y en Essalud, y la abogada Nara Llaury, quien ha trabajado para ONGs, de manera particular y su último empleo fue en el ministerio de la Mujer.

El regidor, Orlando Puell Varas, explicó que la Ley de Idoneidad busca que se promueva al personal de las entidades que llevan años haciendo una carrera en la gestión pública. “La alcaldesa debería buscar en el personal de planta, o que cumpla con su compromiso de consultar a los Colegios Profesionales para que acceder al personal que necesita, de lo contrario tendrá que afrontar las consecuencias penales y administrativas”, sostuvo el integrante del concejo municipal.