El exalcalde de Olmos continúa internado en una clínica particular, debido a enfermedad cardiovascular e hipertensión. (Foto: GEC)
El exalcalde de Olmos continúa internado en una clínica particular, debido a enfermedad cardiovascular e hipertensión. (Foto: GEC)

La , , interpuso un hábeas corpus para suspender la ejecución de una sentencia, que ordena su ingreso a un establecimiento penitenciario por el periodo de tres años.

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En conferencia de prensa, Walter Torres Vera, abogado del exburgomaestre, sostuvo que el juez del Juzgado Unipersonal Transitorio, Gerardo Gálvez Rodríguez, incurrió en un error al disponer el traslado de su patrocinado a una cárcel, pese a que la condena dictada por el delito de colusión simple es solo de primera instancia.

“El juez debió esperar a que una segunda instancia se pronuncie; además, él no explica los motivos para ordenar una reclusión. El señor Serrato no tiene peligro de fuga, porque ya contaba con una medida de arresto domiciliario en razón a otro caso y la Policía lo vigilaba todo el día”, aseguró Torres.

El recurso ya se encuentra admitido, pero falta que se notifique al juez Gálvez y al procurador del Poder Judicial, a fin que estos hagan sus descargos.

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Pero no es la única salida legal planteada por dicho procesado, ya que sus abogados también han apelado el fallo del Juzgado Unipersonal, que fue comunicado el pasado 30 de setiembre.

A la fecha, Serrato continúa internado en la clínica San Pablo del distrito de La Victoria, porque -según su abogado- padece de hipertensión y enfermedad cardiovascular.

Walter Torres enfatizó que jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y de la Corte Suprema de Justicia precisan que una ejecución provisional de sentencia siempre debe ir acompañada de una clara motivación.

Sentencia

El juzgado dictó tres años de prisión efectiva por hechos de corrupción durante la primera gestión de Serrato al frente del municipio de Olmos (2011-2014).

Según la imputación de la Fiscalía, por aquella época se habría firmado un contrato de prestación de servicios con Gaspar Abad Páucar, quien resultó ser cuñado del exgerente de Relaciones Públicas de la comuna, José del Carmen Chero Martínez.

En base a una autorización del exalcalde y de los exfuncionarios, Segundo Mendoza Dávila y Juan Ynoquio Puse, el referido proveedor cobró S/ 11 000 a la comuna.

Cabe indicar que Ynoquio Puse también recibió condena efectiva de cárcel por tres años como autor de colusión simple.

Mientras que para Mendoza Dávila, Chero Martínez y Abad Paucar, el juez dispuso tres años de pena privativa de la libertad, pero suspendida en su ejecución y sometida a prueba durante dos años.

Asimismo, se ordenó medida de inhabilitación para ejercer un cargo público por similar periodo, el pago de multas y la cancelación de una reparación civil de S/ 10 mil a favor del Estado, la misma que los procesados efectuarán de manera solidaria, de acuerdo a lo que se detalla en la sentencia (resolución N° 20).

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