Durante el 2025, ocho abogados de la región Lambayeque fueron sancionados por “mala práctica profesional”, siendo algunos destituidos de sus cargos como secretarios, fiscales y jueces.

Se trata de letrados pertenecientes al Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), quienes no pudieron refutar los hechos que se les atribuía e impedir la sanción impuesta.

Casos

En la lista a la cual tuvo acceso diario Correo, figura Rolando Manuel Flores Segura, quien se desempeñaba como fiscal provincial titular de la Primera Fiscalía Corporativa de Jaén.

La JNJ, mediante Resolución N° 297, resolvió destituirlo del cargo por “falta muy grave”, debido a que demoró en emitir pronunciamiento en 219 casos con plazos de investigación vencidos, y en 277 casos pendientes en trámite.

Asimismo, figura el abogado Julio Cesar Encajima Pantaleón, quien cumplía la función de fiscal adjunto provincial, de la Primera Fiscalía Mixta de Purús – Ucayali.

La JNJ, mediante Resolución N° 309 le impuso la sanción de destitución por “faltas muy graves” relacionadas a su actuación en la carpeta fiscal N° 061 – 2019.

Se trata de un caso de homicidio calificado, donde otorgó libertad de manera irregular a detenidos en flagrancia y no incluyó a un detenido en la investigación.

También sobresale el abogado Eberth Ruiz Sánchez, quien se venía desempeñando como procurador público de la Municipalidad Distrital de Huarango – Cajamarca.

La Procuraduría General del Estado decidió destituirlo del cargo por “falta muy grave”. Esto, debido a que no presentó recurso de apelación en un proceso judicial laboral, permitiendo que sea declarado consentido, perjudicando así los intereses del Estado.

Le sigue en la lista Iván Alberto Osorio Solis, quien se desempeñaba como fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo – selva central – Junín.

La JNJ, mediante Resolución N° 460, le impuso la sanción de destitución por “omisión de deberes funcionales” en el trámite de la carpeta fiscal N° 263 – 2020.

Se trata de un caso donde el imputado era un suboficial de la PNP, que fue detenido en flagrancia, por violencia familiar; sin embargo, el fiscal decidió liberarlo sin dictar las medidas de protección que exigía la situación. Lamentablemente, al día siguiente la mujer fue asesinada de un balazo por el agresor.

Asimismo, figura Jorge Luis Castañeda Rivadeneyra, quien ejercía el cargo de juez del Juzgado Mixto de Sechura, de la Corte Superior de Justicia de Piura.

La JNJ resolvió destituirlo, mediante Resolución N° 094, por “faltas muy graves” debido a que no aplicó los procedimientos establecidos en la normatividad pesquera y del Ministerio de la Producción, favoreciendo a unos demandantes.

También aparece el abogado Jendry Hendryx Sánchez Mera, quien solo fue sancionado por no asistir a una audiencia de juicio oral, como defensor de un acusado. Se le impuso una multa de 2 Unidades de Referencia Procesal (URP) que no apeló.

Una sanción menos severa afrontó Juan Alonso Barboza Terrones, quien se desempeña como abogado del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra la Mujeres – Aurora.

La Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil, mediante Resolución N° 3794, le impuso la sanción de 15 días sin goce de remuneraciones, por “negligencia en el desempeño de sus funciones”.

Esto, debido a incumplimientos en la atención a una usuaria de la comisaría de Colasay (Jaen) quien fue víctima de feminicidio. No presentó como medio probatorio el informe psicológico emitido por el CEM, no apeló la resolución judicial que negó las medidas de protección.