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Escándalo. El Ministerio Público solicitó que se investigue al personal del Primer Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo, pues habrían buscado quebrar el juicio contra seis policías, que fueron acusados por corrupción.
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El caso fue comunicado por el fiscal Anticorrupción, Javier Idrogo Rodríguez. Por ello, la Oficina Desconcentrada de Control Interno (Odecma) de Lambayeque iniciará una indagación.
¿Qué pasó?
De acuerdo a la denuncia, un especialista del despacho judicial informó a las partes que el juicio se podía quebrar, debido a que el magistrado, integrante del referido colegiado, Gerardo Gálvez Rodríguez había iniciado su periodo vacacional, y que la única salida era convocar a un juez supernumerario.
Ante esta situación el representante de la Fiscalía pidió la intervención de la Odecma de Lambayeque, y tras una breve consulta se estableció que Gálvez sí estaba laborando; además que desde su vivienda intentaba comunicarse con el juzgado por videollamada, pero nadie le respondía.
Sobre lo sucedido, en el juzgado han preferido guardar silencio, hasta que el órgano de control establezca las posibles responsabilidades.
Sin embargo, fuentes de la Fiscalía señalaron que la actitud, casi obstruccionista, del especialista judicial podría demostrar la existencia de un acuerdo para frustrar el avance del proceso.
Ayer, se realizó una audiencia y el próximo 7 de febrero serán los alegatos de clausura. Una vez concluido el juicio, lo que sigue es conocer el adelanto de fallo para los efectivos policiales.
Acusación
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La Fiscalía propone que los imputados reciban condenas de 8 a 16 años de cárcel, además de una pena de inhabilitación para ejercer cargo público por el periodo de diez años.
Se trata del excomisario PNP de Incahuasi, Edward Pérez Núñez, y de los suboficiales Jolver Cruz Rojas, Carlos Barreda Vargas, Briston Cabrera Trujillo, Antonio Guevara Quevedo y José Paiva Jurupe.
Mediante un trabajo fiscal de varios meses, se determinó que los acusados, quienes hasta el año pasado prestaron servicio en la zona altoandina, incurrieron en dos hechos de corrupción.
El 13 de mayo del 2020, Edward Pérez en complicidad con Barreda, Cruz y Cabrera solicitó y recibió la suma de S/ 1000 de una pareja de esposos, a cambio de no denunciarlos.
Pérez hizo lo mismo, pero esta vez en octubre del 2020, con personal del centro de salud de Incahuasi, a quienes les exigió S/ 2 500 para no informar a la Fiscalía sobre un supuesto hecho de cobro indebido.
