Lambayeque: Sunarp sólo tiene inscritas 19 zonas arqueológicas

La última reunión que mantuvieron representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) en Lambayeque y del Proyecto Especial Naylamp Lambayeque, dejó un lamentable cuadro del actual estado de las 716 zonas arqueológicas que hay en la región, debido a que tan solo 19 de estas se encuentran inscritas en Registros Públicos.

EN RIESGO. A comienzos de este 2015, el director del Museo Tumbas Reales de Sipán, Walter Alva Alva reconoció la posible desaparición de 12 sitios arqueológicos dentro de la región Lambayeque, debido a los “logros” que estaba obteniendo los saqueadores.

Pampa de Mataindios en el distrito de Zaña, El Triunfo entre los distritos de Pomalca y Tumán, y El Algarrobal, en Pucalá, eran algunos de estas 12 zonas que se encontraban expuestos a este problema; motivo por el cual, se habían priorizado para incluirlos en un plan de protección.

De esta manera, el huaqueo se había convertido en la causa antrópica con mayor porcentaje (81%), pero no en el único, de acuerdo al último trabajo elaborado por el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, hace unas semanas.

Su estudio, denominado Diagnóstico Territorial del Plan Estratégico de Manejo de las Zonas Arqueológicas en la región Lambayeque, indica que el riesgo de estas zonas arqueológicas se ven afectadas, en un 50% por el desmonte de basura; un 37.86% por la agricultura; 30.86% por la agricultura industrial; y un 2.7% por áreas industriales.

El diagnóstico continua con que otras de las afectaciones son causadas por la minería no metálica en un 20.7%; por la expansión urbana, en un 23.4%; por la existencia de asentamientos humanos, en un 56.8%; por infraestructura vial, en un 76.6%; por infraestructura en comunicaciones, en un 2.7%;y por infraestructura energética e infraestructura en riego, en un 10.8% y 11.7%, respectivamente.

Para el director de la DDC en Lambayeque, Alberto Risco Vega, la suma de factores que revelan la desprotección de estas zonas, podría revertirse si los organismos gubernamentales, partiendo desde las municipalidades, se convirtieran en frentes de defensa de éstas.

“Las municipalidades deberían ser un frente de defensa del patrimonio arqueológico e histórico. Hay zonas que son difíciles de acceder y que los municipios conocen porque se encuentran cerca a ellas, porque conocen su realidad, entonces creemos en la necesidad de integrar a las entidades del Estado, desde gobiernos locales hasta el regional, e incluso a la Sunarp (Superintendencia Nacional de Registros Públicos)”, dice Risco.

Incluir a la Sunarp sería mantener registrado el número de sitios arqueológicos en la región, algo casi imposible de acuerdo a la cifra facilitada por el director del Proyecto Especial Naylamp Lambayeque, Carlos Aguilar Calderón.

“De los 716 sitios, sólo 17 a 19 aproximadamente están saneados física y legalmente. Unos años atrás, el número de inscritos en la Sunarp, apenas llegaba a los 11”, explica Aguilar. El número casi incipiente de sitios reportados en registros públicos, demanda que el Gobierno Regional de Lambayeque lidere “un plan de ordenamiento territorial”, como refirió el director de la DDC, y que, por su parte, el Ministerio de Cultura, “lidere un plan temático de patrimonio para que haya una claridad del uso del suelo. Sin ese Catastro, la gestión del patrimonio de cultura es complicado”, agrega.

PATRIMONIO. En el desarrollo de la cuarta Audiencia Descentralizada del Patrimonio Cultural de la región Lambayeque, que fue presidida por el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco, se hizo hincapié en que la existencia de más de 700 sitios arqueológicos en esta jurisdicción, la habían convertido en el centro patrimonial más grande del Perú.

El dato había sido ofrecido por el director de investigación del Complejo Arqueológico Ventarrón, Ignacio Alva Meneses, uno de los ponentes de la audiencia, quien, justamente señaló que el peligro del patrimonio regional era consumido por concesiones mineras.

Aunado a dichos problemas, Carlos Aguilar dijo que las limitaciones también están sujetas a las “tareas de vigilancia y control de patrimonio arqueológico, falta de presupuesto, y la escasa organización comunal para líderes”. Sin dudas, un problema mayor al del diagnóstico.