Los giros judiciales a favor de Oviedo en la empresa Tumán

Mientras la incertidumbre crece en torno a la permanencia de Edwin Oviedo Picchotito al mando de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en la otra cancha, la de la empreza azucarera Tumán, la situación no deja de ser tensa.

Ayer, trabajadores de la compañía agroindutrial marcharon hasta la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en Chiclayo, para protestar y mostrar su rechazo al retorno de una administración judicial ligada a Oviedo. Elementos más que conocidos de una historia que, en el caso de Tumán, parece repetirse una y otra vez.

ANTERIORES. Todo inicia en el 2006, cuando el Grupo Oviedo obtiene el control del ingenio a raíz de la compra de una deuda de más de 2 millones de dólares a la empresa Transportes Carranza. Es entonces que el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, dentro del expediente N° 4430-2001, ordena que se instale una administración judicial hasta que la mencionada deuda termine de pagarse.

Nueve años después, en el 2015, dicha administración no daba señales de querer soltar las riendas de la azucarera. El descontento creciente de los trabajadores llegó a su punto máximo y estos tomaron las instalaciones de la empresa, expulsando a los administradores judiciales liderados, en ese entonces, por Segundo Ordinola Zapata.

Es en medio de este conflicto que toma especial importancia el papel de la jueza Liz Karina Fabián Palomino, ya como titular del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo. En junio del 2015, es ella quien dispone que la administración de Ordinola retorne a Tumán.

No obstante, en julio del mismo año, otra decisión judicial causaría polémica: la tomada por el cuestionado juez Óscar Tenorio Torres, quien declaró improcedente una medida cautelar solicitada por los trabajadores para evitar el retorno de los administradores judiciales ligados a Oviedo. Esta resolución fue el detonante para que los azucareros radicalizaran su medida de lucha, declarándose en “desobediencia civil”.

Cabe mencionar que el magistrado Oscar Tenorio causó polémica en más de una ocasión por sus resoluciones en casos como el de la azucarera Pucalá y otras a favor, incluso, del recluido exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales. En agosto del 2017, la Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo confirmó una sentencia en su contra de tres años de cárcel suspendida por prevaricato y, poco después, fue suspendido por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Tras la resolución de Tenorio, lo que siguió fue una pugna constante por el control del ingenio. Distintas facciones de trabajadores, con sendas resoluciones de diversos juzgados (tanto de Lambayeque como de Amazonas), asumieron, en su momento, la administración judicial de Tumán.

En medio de todo ello, la jueza Karina Fabián insistiría en varias oportunidades con la reinstalación de la administración de Ordinola y, más adelante, ya en el 2017, con el retorno del IV Directorio, presidido por Wigberto Cabrejos Flores. A raíz de esto, ella sería quejada e incluso se le iniciaría un proceso a nivel de la Ocma (Oficina de Control de la Magistratura), sin que hasta la fecha se conozcan sanciones al respecto.

RECIENTE. Actualmente, es una administración judicial ligada a Oviedo, liderada por Arnaldo Fernández Ayasta, la que se encuentra al mando de la empresa. Sus integrantes, sin embargo, fueron expulsados de las instalaciones el pasado 20 de julio. Ayer, durante la protesta, los trabajadores sostuvieron que mediante una nueva resolución, emitida por el Primer Juzgado Civil de Chiclayo, los administradores podrían volver a Tumán este viernes. Desde el Grupo Oviedo, han señalado que tras los “actos vandálicos” registrados el 20 de julio, esperan contar con las garantías para su retorno.