Los magistrados investigados por corrupción en el norte del país

En La Libertad se registran 25 casos de jueces amonestados y cuatro de ellos están bajo la lupa por los “CNMaudios”. En Tumbes y Piura cuatro son investigados por corrupción, en Lambayeque hay 230 quejas y en Áncash 145
Los magistrados investigados por corrupción en el norte del país

Los magistrados investigados por corrupción en el norte del país

27 de Agosto del 2018 - 09:24 » Textos: Redacción Norte » Fotos: Correo

Tras la difusión de los “audios de la corrupción” a nivel nacional, en los que se escuchan a jueces involucrados en diferentes delitos, a nivel nacional se ha puesto en la mira a las demás cortes. En este informe daremos detalles de algunos casos que se ventilan precisamente en las cortes superiores de justicia en las regiones del norte.

LAMBAYEQUE. Aquí, a la fecha, no se registra denuncia por presunta corrupción contra magistrados, según el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), Cástulo Rojas Díaz.

Cástulo además precisó que han elevado también propuestas de destitución y suspensión para cuatro magistrados de Lambayeque. La decisión final sobre estos jueces corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Durante la última visita que realizaron miembros de la Ocma a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL), se recibieron un total de 230 quejas contra magistrados.

Uno de los pocos casos que se conocen de magistrados procesados por corrupción es el de Jorge Luis Javiel Cherres, exjuez de Paz Letrado de Monsefú, quien en el 2015 recibió una condena de nueve años de cárcel tras ser grabado cuando recibía una coima. A la fecha, el exmagistrado se encuentra prófugo de la justicia.

Este año, en medio del escándalo por los “CNMaudios”, la jueza Rosa Vera Meléndez, procedente de Chiclayo, se vio involucrada en una conversación con el suspendido César Hinostroza, quien le solicitó apoyar a una colega para obtener un cambio de plaza. Esto motivó la renuncia de Rosa Vera del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tras lo cual retornaría a su puesto en el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la CSJL. Además, se sabe que la Ocma ha iniciado un proceso disciplinario en su contra.

Durante este año, la Odecma ha tomado acciones ante la proliferación de pedidos de licencia que no estarían justificados y, recientemente, ha puesto bajo la lupa a más de 20 jueces supernumerarios designados por la CSJL.

LA LIBERTAD. En esta región, el jefe regional de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), David Florían Vigo, ha informado que han recibido 500 casos, entre quejas y denuncias contra magistrados.

Mientras que el presidente de la Corte de Justicia de La Libertad, Juan Zamora Barboza, ha indicado que en lo que va del 2018, 25 jueces han sido amonestados, 16 tienen multa, 3 tienen propuesta de suspensión y no se han registrado casos de corrupción.

Sin embargo, los audios de la corrupción ha alcanzado a algunos magistrados trujillanos que se desempeñaban en importantes cargos de cortes de justicia en Lima.

El primer caso que se conoció tras los “CNMaudios” es el de los magistrados trujillanos Carlos Ventura Cueva e Iris Estela Pacheco Huancas, quienes dejaron en libertad a un acusado de violación sexual, así como también al exgobernador regional del Callao, Félix Moreno.

Marco Cerna Bazán, ahora expresidente de la Cote Superior de Justicia de Lima Sur, se vio obligado a renunciar luego de que conociera sobre la difusión de unos audios en los que se hablaba de favorecer la designación de jueces supernumerarios.

Y, finalmente, el expresidente de la Corte Superior d eJusticia de La Libertad, Augusto Ruidías Farfán, también está implicado en los audios y es César Hinostroza quien le pide que acelere el traslado de una magistrada que estaba destinada a la Corte del Santa, pero que la querían para Lima.

TUMBES. En esta región cuatro jueces son investigados por la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de la Corte Superior de Justicia de Tumbes (CSJT).

La Sala Penal de Apelaciones presidida por José Luis Troya Acha, Oswaldo Simón Velarde Abanto y Susana Mejía Novoa están bajo la lupa por revocar la sentencia de 25 años de prisión a Carlos Humberto Bruno Paiva (43), quien es acusado de quemar el 90% del cuerpo de su expareja Rosa Mirasol Álvarez Rivera (27), en Zarumilla y liberarlo. Producto del ataque murió ocho días después.

El cuarto juez es Edwin Anselmo Cohaila Nima, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes, quien también está bajo cuestionamiento por liberar al exsocio de Gerardo Viñas y exfuncionario del Gobierno Regional de Tumbes, Manuel Saavedra Guzmán, pese a que ya estuvo en calidad de prófugo.

PIURA. Hay cuatro casos saltantes contra fiscales y jueces por presuntos delitos de corrupción. De ellos, tres casos ya están en el inicio de la investigación penal, por disposición de la Fiscalía de la Nación.

Dos de los investigados son los fiscales Ricardo Cerro Sánchez, adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, y César Augusto Palacios Poma, actualmente en Talara, que aparecen en sendos vídeos recibiendo dinero del líder de la banda Los Ilegales, el detenido abogado Luis Alberto León More en el 2014.

El tercer caso, también a punto de pasar a investigación penal, involucra al juez de Sullana Luis Vásquez Dioses, a quien se acusa de presionar al juez Carlos Lindo, para que absuelva o disponga una pena suspendida para el exalcalde de Sullana, Jaime Bardales, en un juicio emblemático.

Carlos Lindo realizó la denuncia en noviembre del 2016, ante el entonces presidente de la Corte de Justicia de Sullana, y como sustento de su versión presentó los mensajes de WhatsApp que le dirigió Vásquez el 27 de octubre del 2016, cuando se leía la sentencia contra Bardales.

Un último caso es contra el exfiscal de Castilla, José Rogel Palma, a quien se le imputa la pérdida de vídeos, que fueron entregados a su despacho por la Policía en cadena de custodia, en una investigación penal, que finalmente fue archivada por la falta de pruebas.

ÁNCASH. En lo que va del año, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de la Corte Superior de Justicia del Santa, ha recibido 145 quejas contra jueces y jueces de paz.

De estas quejas, 42 casos se encuentran en investigación o calificación por parte de los contralores de Odecma.

El último caso de indagación previa es contra el juez superior Frey Tolentino Cruz, cuyo nombre fue mencionado en un audio del escándalo. Sobre el magistrado pesa la sospecha de que el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi habría intercedido para que sea ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura en el cargo de juez especializado en lo penal.

Otro juez, cuya plaza de origen es Chimbote, y que se encuentra en el ojo de la tormenta, es el juez superior Javier Sánchez Melgarejo, quien se desempeñaba hasta la tarde del último miércoles como juez supremo provisional en Lima. Dos audios difundidos la semana pasada lo han vinculado en el caso conocido como “Lava Juez”.

Tras su renuncia a la Corte Suprema, Samuel Sánchez regresaría a su plaza de origen en Chimbote, sin embargo, la sociedad civil ha pedido a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), que emita una medida cuatelar para que sea separado temporalmente, mientras se lo investiga y con ello evitar que despache en un Juzgado del Santa.

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