Llegaron a la puerta de la Gerencia Regional de Transportes en Chiclayo para informar que nuevo marco legal les ocasionará perjuicio económico.
Llegaron a la puerta de la Gerencia Regional de Transportes en Chiclayo para informar que nuevo marco legal les ocasionará perjuicio económico.

Decenas de choferes del servicio de mototaxi protestaron en los exteriores de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque en la ciudad de .

Los manifestantes se pronunciaron en contra de la ejecución de la Ley N° 31917, la cual establece que para obtener la autorización para prestar el servicio de mototaxi, se requerirá que la persona dueña del vehículo menor cuente con el respectivo título habilitante (permiso de operación), otorgado por la municipalidad distrital donde se realiza el servicio.

Indicaron, además, que en la región cerca de 100 mil conductores (agrupados en 50 asociaciones) laboran en esta modalidad en condiciones difíciles e informalidad.

“Nosotros sí queremos formalizarnos, pero fijan costos excesivos para obtener la licencia de conducir. Estamos hablando de S/ 500 y es demasiado. La ley no ha sido planteada según la realidad de las provincias”, declaró Demetrio Chuca Rodríguez, presidente de la Federación Provincial de Vehículos Menores de Chiclayo.

Asimismo, explicó que la normativa fija que las unidades deberán pasar por revisión técnica antes de iniciar con sus actividades; sin embargo en Chiclayo, por citar un ejemplo, no hay empresas que se dediquen a esa tarea.

sin permisos. Los conductores también cuestionaron que las municipalidades de  Chiclayo, José Leonardo Ortiz (JLO) y La Victoria no brinden facilidades para la formalización de miles de mototaxis.

Desde el año 2018 hay solicitudes para la ubicación de paraderos y no se tienen respuestas de las autoridades.

Por ello, afirmaron que el caos observado a diario en las calles y vías principales, es responsabilidad de los alcaldes y de la Policía de Tránsito, pues ninguno de ellos brinda propuestas técnicas y no garantizan una fiscalización  adecuada.

Otro pedido fue que la creación de la Comisión Mixta, al amparo de Ley 31917, logre acuerdos que sean implementados.

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