MPCh aumenta S/ 4.5 mills. a obreros, pero ¿a espaldas de la ley?

Semanas después de que la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) firmara pacto colectivo con el Sindicato de Trabajadores (por casi S/ 3 millones al año), le tocó el turno al Sindicato de Obreros Municipales de Chiclayo (SOMUNCH), incrementos que bordean los S/ 4.5 millones anual.

Pero la firma de estos acuerdos paritarios podría ser observada y declarada nula, debido a que la normativa vigente prohíbe todo tipo de incremento, sobre todo en el último año de gestión.

EL ACTA. A diferencia del pacto colectivo con los trabajadores, el acuerdo paritario con los obreros es mucho más extenso y consta de 34 puntos, los mismos que también entrarán en vigencia el 1 de enero de 2019.

Entre estos acuerdos resalta: incremento de la escolaridad de S/ 500 a S/ 700; aumento de la bonificación extraordinaria del paquete escolar de S/ 200 a S/ 400; otorgar aumento de S/ 230 mensual como bono alimenticio.

Además, incrementar bonificación especial por el Día del Trabajador Obrero Municipal del 32% al 50%; aumentar la bonificación vacacional del 33% al 60% de la remuneración íntegra mensual.

Elevar la subvención por aniversario del Sindicato de Obreros (14 febrero) de S/ 5,000 a S/ 9,000; incrementar la subvención del Día del Trabajador Municipal (5 de noviembre) de S/ 6,000 a S/ 10,000.

La MPCh se compromete a incorporar a la planilla única permanente al hijo, esposa o familiar del obrero que se jubile, falleciera o se le declare incapacidad física permanente, previa opinión.

También se seguirá otorgando licencia sindical permanente, con goce de remuneraciones y demás beneficios al secretario general, secretario de Defensa y secretario de Organización del Sindicato de Obrero.

¿PROHIBIDO?. Correo tuvo acceso al Oficio Circular N° 00034 del 10 de diciembre de 2014 que la Contraloría Regional dirigió a la entonces alcaldesa de Chiclayo, Elizabeth Montenegro Dávila, en el que le recordaban: “Prohibición de comprometer recursos de próxima gestión”.

Dicho oficio se basa en el Artículo N° 30 del Decreto Legislativo N° 955- Ley de Descentralización Fiscal, el cual a la letra dice: Durante el último año de gestión se prohíbe efectuar cualquier tipo de gasto corriente que implique compromisos de pago posteriores a la finalización de la administración…”.

Además, el Informe Técnico N° 1019- 2016 de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) afirma en su punto 2.7 inciso ii): “Se prohíbe el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento”.

Y el Informe Técnico N° 090- 2017, también de Servir, sostiene en su punto 3.2, “…en virtud de la cual se estaría eliminando cualquier posibilidad de incremento remunerativo, así como la aprobación de nuevas bonificaciones u otros beneficios (independientemente de la denominación, naturaleza o fuente de financiamiento), inclusive aquellas derivadas de convenios colectivos…”.

LOS ACTORES. Al respecto, el secretario general del SOMUNCH, Bibiano Carrasco Llaja, dijo a Correo que, la Ley Orgánica de Municipalidades le faculta a todos los alcaldes a solucionar el problema de los trabajadores.

“El decreto que menciona no lo prohíbe, la Constitución Política del Perú señala que los gobiernos locales son autónomos”, refiere Carrasco.

Por su parte, el regidor oficialista, Juan Carlos Pérez Bautista, afirmó que no es intención de esta gestión dejar endeuda a la MPCh.

“Si existe la norma como me comentas tendremos que respetarla…espero que encontremos un argumento legal para cumplir nuestra palabra con los obreros, si no, lo más sano para David Cornejo y esta gestión es acatar el decreto legislativo que mencionas, y a los que participaron en la mesa no les queda más que acatar la ley”, expresó.

También consultamos al concejal oficialista, Boris Bartra Grosso, “qué pasaría si se contraviene la ley?, en el caso que siga vigente como me indicas, lo que va pasar es que el próximo alcalde puede anular los pactos, porque contraviene la legislación”.

Agrega trabajar una iniciativa legislativa ,al la cual contempla que los pactos colectivos sean aprobados por el pleno del concejo municipal.

Mientras que, el munícipe de oposición, César Sisniegas, sostuvo, “si existe la norma, el alcalde estaría sorprendiendo a los trabajadores…el pacto no tendría soporte jurídico”.

Sisniegas cree que si el decreto impide este tipo de acuerdos, “el alcalde que viene no podría cumplir con estos; además los trabajadores no podrían demandar, porque no tendrían sustento legal”.

Por último, el burgomaestre, David Cornejo manifestó que este acuerdo paritario se adoptó tomando en cuenta la Ley de Sindicalización.

“Lo que dice Contraloría es respecto a procedimientos concursales…lo que yo no puedo hacer, que aún teniendo dinero para ese tipo de procesos concursales, pueda comprometer lo que se va a hacer el próximo año, porque no se sabe si van ser recursos del Foncomun o ingresos propios…”, refirió.

Cornejo agregó que este tipo de acuerdos (incrementos) pasa en todos los municipios, “se organiza, obvio, con cargo responsable a los gastos corrientes; la propia resolución con la que formalizo este acuerdo paritario lo dice…con cargo a la fuente recursos propios y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, si no lo hay, lo que pacté simplemente no lo hay, pero yo ya pacté y no he colisionado con ninguna norma que me prohíba hacerlo...”.