La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) arrastra una fuerte deuda con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
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Un reciente reporte de la Asociación de AFP advierte que Chiclayo se encuentra entre los diez municipios que presentan mayor deuda a nivel nacional.
A la fecha, el monto bruto es de S/ 14 millones 534 mil 963, pero sumando los intereses y otros conceptos, la cifra final llega a los S/ 143 millones 811 mil 596.
Tal parece que para una comuna en constante crisis económica será muy difícil cancelar esta enorme cantidad de dinero, siendo los trabajadores - a quienes en diferentes años les descontaron un porcentaje de sus sueldos - los más perjudicados, ya que el fruto de su trabajo no se reflejará en sus fondos de jubilación.
El reporte estima que son más de doscientos empleados en riesgo.
La situación de la MPCH se equipara a lo que sucede en municipios de Lima Metropolitana (La Victoria, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho); la Provincia Constitucional del Callao (Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso y Callao), Huaral, Ica y Pisco, de acuerdo al informe del Sistema Privado de Pensiones (SPP).
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deuda total. El panorama general también es complejo, pues la deuda de las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y municipales, con trabajadores afiliados al sistema de AFP, asciende a S/14 mil 971 millones 032 mil 456, tal como señala el reporte del mes de setiembre.
Además, son 2,565 instituciones públicas las que descontaron mensualmente el sueldo de sus trabajadores y no lo depositaron en sus cuentas individuales de capitalización en la AFP correspondiente, afectando su derecho a la seguridad social y a su pensión futura.
En total son 418,766 peruanos afectados.
Joaquín Rey, asesor de la Asociación de AFP, explicó que un gran número de servidores públicos no acumularán los fondos necesarios para su jubilación.
“El Estado descontó ese 10 %, pero se quedó con los recursos de los trabajadores, claramente se trata de un cabeceo y un perjuicio para todo el sistema de pensiones”, dijo.
Está en manos de las autoridades revertir este problema.
En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aún está en trámite un proyecto de ley para que las deudas de las entidades públicas sean condonadas, y se pague a través del tiempo lo correspondiente a la rentabilidad.
Rey indicó que otra alternativa es la aprobación de proyectos de ley que autoricen al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) retener directamente las transferencias a las entidades, y así la detracción se hará de forma más rápida, en beneficio de los trabajadores.
“Se necesita que el Estado aborde el tema, y que se termine con esta contradicción, no puede ser que exijan formalidad y el Estado sea el primero en incumplir la ley”, afirmó.