:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/H5P3TE63IVAPDJC2D3VI5JYLVM.jpg)
La Fiscalía solicitó 1 año y 4 meses de cárcel para el exgerente de Infraestructura Pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Carlos Mendoza Oliden, por haber incurrido en el presunto delito de omisión y rehusamiento de deberes funcionales.
La acusación la formuló el fiscal Telésforo Vásquez Figueroa, quien considera que el exfuncionario edil autorizó la ejecución de tres millonarias obras sin que se haya contratado a una empresa supervisora, tal como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado.
CASO. El magistrado indicó que esta situación irregular se suscitó en torno a las siguientes obras: “Pavimento rígido y veredas del casco central de Chiclayo” (S/. 8 millones 259 mil); “Pavimento y veredas en el Pueblo Joven César Vallejo” (S/. 5 millones 12 mil) y “Pavimentación en las urbanizaciones San Martín y Campodónico” (S/. 10 millones 927 mil).
A pesar que Ley de Presupuesto del año fiscal 2014 determinó que cuando el monto de una obra sobrepase los 4 millones de soles, necesariamente la entidad pública deberá contar con un supervisor contratado, esto no se acató y por el contrario, Mendoza Oliden designó a funcionarios de la Gerencia de Infraestructuras como inspectores encargados.
En su requerimiento acusatorio expuesto ayer en audiencia pública realizada en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, el fiscal citó como medios de prueba los testimonios de los funcionarios Luis Chu Aquino, Willian Solórzano Sipión y Daniel Cubas Cayao, quienes reconocieron haber ejercido labores de inspectores.
Además, el fiscal presentó como órgano de prueba, un informe de la Contraloría General de la República, el cual resume una visita inopinada a las citadas obras, donde se constató que se realizaban los trabajos sin presencia de un supervisor.
Por último citó documentos con los cuales se demuestra que la MPCh convocó a procesos de licitación para contratar los servicios de una empresa supervisora, cuando ya habían transcurrido meses de la entrega de la buena pro a las empresas ejecutoras.
