Piden prisión preventiva para Edwin Oviedo por caso Tumán

El Ministerio Público solicitó 12 meses de prisión preventiva para el empresario Edwin Oviedo Picchotito, quien es investigado como el presunto cabecilla de una organización criminal que cometió asesinatos en el distrito de Tumán.

La medida coercitiva que presentó el pasado viernes el fiscal Juan Carrasco Millones ante el Poder Judicial, también ha sido planteada contra exdirectivos de la empresa Agroindustrial Tumán que ejercían diversos roles en la referida empresa.

NOMBRES. Uno de ellos es Segundo Ordinola Zapata, ex administrador judicial, quien -según la Fiscalía- habría ejercido el rol de lugarteniente ejecutando todas las órdenes que daba Edwin Oviedo “con el fin de evitar toda acción opositora a sus intereses económicos”.

Asimismo, figura Pablo Arce Benites, exgerente de Finanzas, quien, de acuerdo a la carpeta fiscal, no solo habría desviado el patrimonio de la compañía a empresas de Edwin Oviedo, sino también habría hecho pagos a abogados, policías y peritos que asesoraban a la organización.

Le sigue en la lista, Cecilia Limo Rojas, exgerente de Recursos Humanos, quien, según las investigaciones, se habría encargado de contratar a jóvenes que no figuraban en planillas para que realicen trabajos de “seguimiento, inteligencia y amedrantamiento” contra los opositores a la administración judicial.

También ha sido incluida Ana María Yesquén Puican, gerente de Comunicaciones del Grupo Oviedo, a quien se le atribuye “haber cumplido con la orden de Edwin Oviedo y de Segundo Ordinola al haber encubierto los nombres de los acusados autores del asesinato del dirigente de los trabajadores tumaneños, Manuel Rimarachín Cascos”.

Precisamente sobre este crimen, el fiscal Juan Carrasco sostiene que Oviedo también habría ordenado a Segundo Ordinola y Cecilia Limo que se reúnan con Mercedes Vera Cajusol (esposa de Manuel Rimarachín) para convencerla de que no denuncie, ni divulgue la identidad de los asesinos de su esposo. Para ello, según la Fiscalía, le ofrecieron trabajo en la empresa Tumán a su hijo Raúl Rimarachín.

Citando testimonios de colaboradores eficaces y testigos con identidad protegida, el fiscal solicita que se imponga mandato de prisión preventiva a los imputados porque “sabían que Los Wachiturros eran quienes cometían las muertes y atentados”.

El grupo armado conocido como “Los Wachiturros” - según la Fiscalía - estaba conformado por supuestos vigilantes de seguridad de la empresa Tumán; pero “en realidad cumplían las órdenes de Víctor Rodríguez Ortiz (preso en el penal) para atentar contra cualquier persona que se opusiera a la red criminal”.

TESTIMONIOS. Según la carpeta fiscal, el testigo Miguel Morrow Amaya narró que presenció el asesinato de Manuel Rimarachín, pues el día de los hechos, casualmente, caminaba por la zona. Precisó que el sicario caminó hacia su víctima y le disparó tres veces.

“Luego dicha persona pasó caminando por la esquina en donde yo estaba parado y cuando me vio, me dijo qué me miras y me apuntó con el arma de fuego y lo único que pude hacer es tirarme al piso y siguió su camino”, declaró y agregó que por aquellos días hubo varios atentados contra dirigentes sindicales para que “trabajen cabeza gacha”.

Asimismo, el colaborador eficaz N° 03-2017 declaró que para el asesinato del dirigente Percy Farro Vite no se utilizó armas ni vehículos de la empresa, pues semanas atrás, uno de los “Wachiturros” había matado al invasor Manuel Peralta con un arma de la compañía.

“Antes de ordenar cualquier muerte o atentados contra personas en Tumán, Tito Ordinola, Pablo Arce, Cecilia Limo y Víctor Rodríguez se reunían con un excoronel de la policía en retiro de apellido Mongruza, quien era enviado por Oviedo. Luego de esa reunión Mongruza se comunicaba con Oviedo y este último autorizaba a Tito Ordinola que el trabajito se realice”, sentenció el colaborador.

Para sustentar el requerimiento de prisión preventiva, el fiscal Juan Carrasco sostiene que la pena privativa de libertad que se impondría a los imputados es de 15 años por homicidio calificado y 8 años por asociación ilícita. Además, sostiene que no tienen arraigo familiar, domiciliario, ni laboral.

Tal es el caso de Edwin Oviedo, quien - según el fiscal - su trabajo como presidente de la Federación Peruana de Fútbol “no acredita un arraigo suficiente que permita inferir que no se ausentará del país, por el contrario como es de conocimiento público al haber clasificado la selección peruana de fútbol al mundial Rusia 2018 e iniciar en el mes de junio, eleva la situación de fuga del imputado”.

DELITOS. En su requerimiento, el fiscal Juan Carrasco hace mención de los delitos que se le atribuye a la presunta organización criminal, tales como: coacción, por mantener en zozobra a la población por intermedio de los autores materiales, a fin de evitar reclamos y movilizaciones.

También les atribuye el delito de encubrimiento real, por ofrecer contrato indeterminado de trabajo en la excooperativa a Brayan Rimarachín (hijo de Raúl Rimarachín) a cambio de que no denuncia a los asesinos de su padre.

Asimismo, son investigados por el delito de cohecho pasivo propio, debido a que habrían entregado coimas a los policías de Tumán a cambio de que no acudan al llamado de la ciudadanía cuando algún miembro de la presunta red criminal cometía un atentado.

Por último, son procesados por los delitos de peculado, fraude y asociación ilícita.