El sonado caso ‘Los Verdes del COVID’ ha dado un giro de 180 grados con el reciente fallo de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque. titular de 80 caracteres
Mediante la sentencia N°243-2026, el colegiado ordenó la anulación de la sentencia de 12 años de cárcel impuesta en contra del exjefe de Logística de la Dirtepol - Chiclayo y comandante PNP, Marcel Carbajal Tarazona, con la finalidad de que sea sometido a un nuevo juicio.
En este fallo, la instancia también dispuso la absolución para el suboficial PNP, Yean Yampufé Sánchez, y la proveedora Giovanna Genoveva Luna Rojas de una imputación por el presunto delito de colusión agravada en agravio de la entidad policial. Además, se ordenó que los antecedentes penales de ambos sean eliminados.
Insuficiente
En lo que concierne a Carbajal, la Sala anota que es necesaria la realización de un careo entre este imputado y los testigos impropios Janet Baldeón Limaya y Luis Guevara Torres, para tener certeza sobre los supuestos diezmos de S/30 mil y S/35 mil entregados a dicho oficial, a cambio del contrato para que la Policía acceda rápidamente a mascarillas y guantes con la finalidad de frenar los contagios por Covid-19 durante la pandemia.
También es importante determinar el origen de un depósito de S/3 mil que habría llegado a la cuenta bancaria a nombre de Bertila Carbajal Tarazona, que el encausado no reconoce pero que sí existe. Tal monto se relacionaría con el aumento del precio por unidad de los guantes, que de un costo de S/2.90 se elevó hasta S/4.00 como consecuencia de un acuerdo colusorio.
La nulidad de la condena contra Carbajal también se sustenta en la falta de aclaración sobre los dos resultados periciales (de parte y del Ministerio Público), porque durante el primer juicio los especialistas mantuvieron sus discrepancias sobre la prueba actuada y su conexión con el perjuicio patrimonial al Estado.
Por ello, la Sala enfatiza que el análisis en un próximo juicio deberá llegar a una sentencia con la debida justificación, sea que se determine responsabilidad o no.
En el caso de Yampufé Sánchez, la Fiscalía demostró que cursó las invitaciones a los proveedores, pero no se trató de uno o dos, pues fueron varios y ya habían contratado anteriormente con la DIRTEPOL. Ese hecho de por sí es muy débil para demostrar que hubo una defraudación al Estado.
También se le atribuyó estar relacionado con el giro comercial de los proveedores Claudia Hernández y JA & DE JADE Y SERVICIOS GENERALES, pero la Fiscalía no demostró en juicio si el suboficial manejaba las partidas de Registros Públicos o alguna otra prueba que acredite su vinculación directa.
Las comunicaciones de Luna Rojas con personal policial tampoco evidencian que se haya puesto de acuerdo para elevar el precio de los productos. En el juicio ella aseguró que recibió presiones para autoinculparse.
Dato
La compra de mascarillas y otros implementos para los policías superó el millón de soles, según la investigación.
Debate
Durante la apelación la Procuraduría Anticorrupción de Lambayeque sostuvo que el perjuicio económico al Estado bordearía los S/756 mil soles y pidió a la Segunda Sala Penal incrementar el monto de la reparación civil.
Tras el primer juicio, un despacho emitió la sentencia en febrero de este año y la indemnización fue establecida en S/111 mil soles.
