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Un verdadero conflicto social que podría escapársele de las manos, pone entre la espada y la pared al Concejo Provincial de Lambayeque que lidera Ricardo Casimiro Velezmoro Ruiz.
La situación que puso tensa la sesión de concejo municipal ayer, tiene su punto de partida hace casi 8 años atrás, cuando los estamentos del sesquicentenario Colegio 27 de Diciembre solicitaron un local para construir su nueva infraestructura educativa.
ENREDO. Mientras más de medio millar de padres de familia con pancartas en mano protestaban en el frontis de la Municipalidad Provincial de Lambayeque (MPL), la directora del plantel, Verónica Ñañez Pita, y varios de sus profesores exponían su problemática al pleno.
“Nuestro local ha sido declarado inhabitable por Defensa Civil hace 4 años y nuestros alumnos están repartidos en diferentes locales, otros en aulas prefabricadas”, sostuvo Ñañez.
Ante esto, los directivos del plantel le solicitan a la MPL seda parte del complejo deportivo San Juan Masías para construir su nuevo centro educativo.
La situación se complica, porque según explicó al pleno el gerente de Asesoría Jurídica de la MPL, Jhon Malca Saavedra, este inmueble no es de la municipalidad, solo lo tiene en sesión de uso otorgada por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) para uso exclusivo del deporte.
“Si los regidores aprueban cambiarle el uso a esta área para fines educativos, el terreno revertirá a la SBN”, indicó Malca.
Al final del largo debate se acordó que la comisión de Educación de la MPL instale una mesa de trabajo con todos los estamentos involucrados, incluyendo a los representantes de los pobladores del pueblo joven San Martín (quienes se oponen a que se construya el colegio en ese complejo) para que juntos busquen la solución legal al tema.
“Si aprobamos el cambio de uso revertiría el terreno al Estado y nosotros los concejales seríamos pasibles a una denuncia penal”, dijo el regidor, Armando Rivas Guevara.
SE HACEN “HUMO”. Otro punto en la sesión fue el espinoso asunto del parque infantil, el cual fue inaugurado sin haber sido recepcionado y con varias observaciones.
Según la agenda, el gerente de Infraestructura de la MPL, Lucio Eduardo Goicochea, junto al comité de recepción de obra compuesto por: Juan Maco Carlos, Richard Paredes Vásquez y María Vásquez Cañola, fueron citados por el concejo para que absuelvan las interrogantes del pleno, pero ninguno asistió.
El secretario general de la MPL informó que Goicochea remitió un documento indicando que, por causas particulares, no podía presentarse. Mientras que el resto de funcionarios (comité de recepción) no estaban ni en sus oficinas.
REACCIONES. Uno de los primeros en levantar su voz de protesta por la actitud de los funcionarios inasistentes, fue Carlos Díaz Junco.
“Es una tremenda falta de respeto al pleno y la comunidad porque necesitamos respuestas concretas, quien más que ellos que son la voz oficial, porque son los técnicos a cargo, para que den cuenta y despejen todas las dudas”, sostuvo.
El concejal denunció, además, que trabajadores que laboraron en la remodelación del parque infantil le confiaron que la cisterna que ahí se construyó, al desencofrarla mostró fisuras, por lo tanto tenía que hacerse de nuevo, pero la empresa a cargo del proyecto simplemente la resanó y entregó.
La situación fue tal, que dos de los más representativos regidores oficialistas (Alianza Para el Progreso) descargaron sus baterías por lo acontecido.
“El concejo es la máxima autoridad y se le invitó a los funcionarios con tiempo, ellos tuvieron que prever para venir a explicar un tema tan importante como es el esclarecimiento de lo que está sucediendo en el parque infantil”, comentó, César Zeña Santamaría.
El concejal manifestó sentirse preocupado por la “falta de un principio de autoridad en la gestión edil”.
“Justo nos habíamos preparado para hacer todas las preguntas, pero solo les llamará la atención a estos funcionarios y los citarán para la sesión del próximo viernes 24 de marzo”, refirió.
A su turno, la primera regidora, Mónica Toscanelli Rodríguez, no ocultó su indignación.
“Nosotros como concejo somos la máxima autoridad, por lo tanto tienen venir a nuestro llamado…la situación da mucho que pensar”, indicó.
La concejal fue clara al deslindar responsabilidades y anunció que si estos funcionarios evaden la próxima cita, “tomaremos otras medidas, como ir al Ministerio Público”.
