Responsabilizan a Defensa Pública por dilación de juicio contra exdirectivos de la empresa Tumán

La jueza Yolanda Gil Ludeña, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, hizo un llamado de atención a los abogados de la Defensa Pública por no asistir a la audiencia de control de acusación contra exdirectivos de la empresa Agroindustrial Tumán (EAT), que son acusados de un presunto desfalco de más de 21 millones de soles.

Sin poder disimular su enojo, la magistrada tuvo que declarar frustrada la instalación de la audiencia, responsabilizando a los defensores públicos de tal situación, por no haberse presentado a asumir la defensa de cuatro acusados, pese a que ya habían sido notificados con varias semanas de anticipación.

La jueza revisó el expediente del caso, verificando que algunas veces la audiencia tuvo que reprogramarse por error de auxiliares jurisdiccionales en la notificación de los procesados, también por inasistencia de abogados e incluso, una vez, por ausencia de la fiscal del caso (Gloria Samillán); pero advirtió que la mayoría de veces ha sido por la ausencia de defensores públicos.

"Esta sería la novena o décima vez que se está reprogramando. Todas estas dilaciones no son atribuibles a la judicatura (...)", manifestó la jueza.

Por tal motivo, dispuso que se oficie a la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia para que amoneste o emplace a los abogados de oficio de Chiclayo a cumplir su labor, pues se trata de un caso complejo que ya debería haber culminado.

Evidenciando su fastidio, la juez reprogramó la audiencia para el próximo 31 de enero de 2019, indicando también, que deberá estar presente la fiscal titular a cargo del caso, Gloria Samillán, y no su adjunta, pues "se trata de un caso complejo donde se debe hacer una buena fundamentación", caso contrario - dijo - la quejará ante el Órgano de Control Interno del Ministerio Público.

Dicho proceso está comprendido en el expediente N° 5351 - 2015, donde la Fiscalía pide 13 años de cárcel para Segundo Ordinola Zapata (exadministrador judicial de EAT), Juan Rodríguez Soto (exgerente de Campo de EAT), Armando Vásquez García y Pablo Arce Benites (exgerentes de Finanzas EAT) por haber cancelado durante los años 2009 al 2012 la suma de 21 millones 613 mil soles, correspondiente a servicios de limpieza de drenes "ficticios y fraudulentos".

Entre los acusados, también figura Aura Oviedo Picchotito, quien afronta un pedido de 5 años de cárcel porque su empresa (MEGASUPERMAYORISTA SAC) fue una de las contratadas para el referido servicio que nunca se realizó.

"Los acusados (exdirectivos de EAT) maquinaron actos destinados a defraudar a la empresa agraviada que representaban. Utilizaron empresas para idear la dación de un presunto servicio de limpieza de drenes, que jamás se ejecutó, con la única finalidad de poder justificar el desmedro al patrimonio pecuniario de la empresa, contratando de manera ilícita por altas sumas dinerarias con ellas (...)", consta en la acusación.

Los demás proveedores acusados por el hurto del dinero de la excooperativa son: Ylma Salazar Baltazar, José Luis Pinillos Veliz, Edgar Fernando Pinillos Herrera, Kreymer Coronado Carrillo, Patricia Bobadilla Gordillo y Negocios Jalca.