Tres congresistas piden ser excluidos de investigación
Tres congresistas piden ser excluidos de investigación

Los congresistas Javier Velásquez Quesquén, Héctor Becerril Rodríguez y Marisol Espinoza Cruz presentaron ante el Poder Judicial recursos de defensa con los cuales buscan ser excluidos de la investigación que se les sigue por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los Wachiturros” de .

Los tres parlamentarios que son sindicados de haber favorecido a los miembros de la citada red delictiva, cuyo cabecilla -según la Fiscalía- sería el empresario Edwin Oviedo Picchotito, argumentan que el fiscal Juan Carrasco Millones, de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, no es competente para investigarlos.

PEDIDO. Mediante un recurso de cuestión previa, los parlamentarios alegan que se encuentran amparados por la propia Constitución Política del Perú, la cual, en su artículo 99, establece que a los altos funcionarios les asiste la prerrogativa del antejuicio político, es decir, primero deben ser procesados en el mismo Congreso.

Por tal motivo, los congresistas consideran que el citado fiscal ha vulnerado la Constitución y el propio Código Penal, pues en su artículo 450 también establece que se requiere una resolución acusatoria aprobada por el Congreso para que la Fiscalía de la Nación inicie un proceso penal contra un parlamentario.

“En resumen, para procesar judicialmente a un congresista por delitos de función que hayan cometido durante el ejercicio del cargo o cinco años después de haber cesado en él, se requiere que el Congreso vía procedimiento del antejuicio, emita una resolución acusatoria y la remita al Fiscal de la Nación, quien es el que tiene que acusar ante la Corte Suprema...”, consta en el pedido del congresista Javier Velásquez.

Precisamente, para hoy ha sido programada la audiencia donde los abogados de los congresistas deberán sustentar sus pedidos ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

El procurador público Ad Hoc, Miguel Sánchez, se opuso al pedido de los congresistas alegando que sí pueden ser juzgados conforme a las normas ordinarias, pues los hechos investigados sucedieron en el periodo congresal 2006 - 2011 y el plazo de 5 años que prevé la Constitución venció en agosto del 2016.

Sin embargo, los congresistas recalcan que al haber sido reelegidos dicho plazo aún no ha vencido.

Al respecto, el fiscal Juan Carrasco sostuvo que la “inmunidad no significa impunidad”, por lo que hoy solicitará que se declare infundado el pedido de los congresistas.

“A partir de agosto del 2016 caducó ese derecho que tenían de antejuicio e inmunidad respecto a los hechos que son materia de investigación, entonces lo puede conocer cualquier fiscal provincial”, dijo.

Además, recalcó que el Tribunal Constitucional ha establecido que la protección de antejuicio que le brinda la Constitución a los congresistas caduca 5 años después del periodo en que se cometió el hecho.

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