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Seis estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise fueron internados el último viernes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, mientras continúan las investigaciones por su presunta participación en la agresión sexual contra un alumno de cuarto de secundaria, ocurrida dentro de un bus.

Al respecto, Jorge Petrozzi, abogado de la familia de la víctima, señaló que la agresión habría sido premeditada, debido a que el acoso contra su patrocinado era constante y se habría prolongado durante un periodo considerable. Asimismo, cuestionó que el colegio no haya actuado frente a estos hechos y sostuvo que la institución tendría “responsabilidad penal, civil y administrativa”.

“Esto ha sido público dentro del colegio. Por eso es que cuando estos hechos han ocurrido ni a los profesores ni a nadie les ha sorprendido quiénes han sido los autores. A nadie le ha sorprendido y ha dicho ‘uy, este muchacho cómo puede haber estado metido en esto’. No. Acá la responsabilidad penal, civil y administrativa de los que han estado a cargo de este colegio es enorme porque sabían lo que ya venía ocurriendo”, declaró a RPP.

“Esto no ha sido un tema de que de un día para otro a 6 o a 10 individuos se les ocurrió hacer una agresión así. Esto ya ha sido, de alguna manera, pensado, trabajado, premeditado; y lo que ha ocurrido después de estos lamentables hechos, cuando se han burlado y la crueldad que han empleado denota que han sido plenamente conscientes de lo que han hecho”, agregó.

En ese sentido, el letrado también sostuvo que, después de la agresión, la víctima habría sido objeto de “ensañamiento” y “burlas” por parte de los involucrados.

“Ha habido todo eso y lo peor para mí ha sido el ensañamiento y las burlas después [...] Yo me pregunto en qué momento los padres de estos individuos van a tomar conciencia de lo que sus hijos han hecho y van a comenzar a sanarse ellos mismos diciendo ‘perfecto, tenemos que aceptar lo que ha ocurrido, tenemos que colaborar, cooperar, y vamos a tener que aceptar que nuestros hijos van a pagar por lo que han hecho’”, sostuvo.

Además, afirmó que en el Liceo Naval se registrarían episodios de violencia física, agresiones sexuales y acoso, frente a los cuales, según señaló, los docentes no intervendrían por temor a ser relegados.

“Sí, lamentablemente sí [pasa todo eso en el colegio], y por eso es que los profesores -y eso lo vemos en los dos que han estado en el bus- tienen miedo porque cuando los profesores denuncian las cosas que están ocurriendo o no pasa nada, o los amedrentan, los relegan o simplemente no les hacen caso, para ponerlo en términos simples”, señaló.

“Espero que, a partir del día lunes, con el Ministerio de Educación que ya tomó el control del colegio, estas cosas paren, porque este hecho ha sido la culminación de un desorden y de un descontrol terrible dentro de este colegio. Eso es lo que ha ocurrido”, refirió.

Por otro lado, Petrozzi indicó que solicitará la máxima sanción para los presuntos responsables, equivalente, según explicó, a ocho años de internamiento. Asimismo, señaló que, al alcanzar la mayoría de edad, los investigados podrían ser trasladados a un establecimiento penitenciario.

“La máxima pena, sanción, castigo, como quieran llamarle, es de 8 años. Algunos hablan de 6, yo hablo de 8, porque es lo que me permite la ley. Independientemente de que vayan a ser 6 u 8, tiene que ser lo máximo que la ley permita. Reitero, para mí son 8, pero veremos lo que dice el juez en su momento, y si estamos disconformes, apelaremos”, expresó.

“En la mañana, he escuchado al director de los centros de rehabilitación diciendo que no, que cuando son mayores de edad tienen que pasar a un área específica de adultos, pero manteniendo el régimen penitenciario que tenían cuando eran menores de edad [...] Entonces, ¿qué ocurre? En Ancón 2, me parece que es, hay un área especial para estos ahora adultos que han cometido infracciones a la ley penal de menores. Entonces, tendrían que ser trasladados a Ancón 2. Esa es una discusión que ya se verá después de la sentencia y cuando cumplan los 18 años que, dicho sea de paso, debe ser el próximo año”, indicó.

Sobre los otros cuatro escolares implicados en el caso, el abogado señaló que “no tendrían mayor responsabilidad” en los hechos, aunque precisó que las investigaciones aún continúan para determinar su grado de participación.

“Nosotros ya tenemos conocimiento de que […] estos cuatro muchachos que han sido, por el momento, separados del internamiento preventivo, no tendrían mayor responsabilidad, pero eso vamos todavía a verificarlo y corroborarlo”, enfatizó.

“Ahora, hay otra cosa importante: no quiere decir que ya estén liberados y que su problema terminó, porque en el curso de las investigaciones pueden salir mayores elementos de juicio o de prueba que hagan revertir, de alguna manera, la situación en la que se encuentran”, aseveró.

Posteriormente, el abogado afirmó que ningún representante del colegio ni familiares de los escolares investigados se han comunicado con el adolescente agraviado tras lo ocurrido.

“No, la respuesta es no [se han comunicado]. Lo único que hubo fue una reunión, pero similar a la que citan a un papá para decirle que su hijo se porta mal o que tiene malas notas. O sea, una reunión totalmente irrelevante. Eso es lo único que ha hecho el colegio, nada más”, puntualizó.

“Con la familia, los únicos que se han comunicado son el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, o sea, los ministerios a cargo. Pero más allá de eso, nadie se ha comunicado”, aseguró.

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