Alberto Fujimori suma su quinta condena

El expresidente Alberto Fujimori sumó ayer su quinta condena por cometer actos delictivos durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.

La Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima le impuso 8 años de prisión efectiva, 3 años de inhabilitación y el pago de S/.3 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado, tras sentenciarlo por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso.

La Sala determinó que Fujimori “no solo incumplió sus funciones, sino que además participó” en el desvío de fondos del Estado para pagar portadas y titulares a su favor en los denominados diarios populares que estuvieron al servicio del régimen.

Esta sentencia es relevante no solo por ser el último juicio que tenía pendiente Fujimori, sino que además fue el primer proceso judicial por delitos de corrupción en el que Fujimori no quiso acogerse a la conclusión anticipada como sí lo hizo en otros procesos.

El colegiado llegó a la certeza de que Fujimori es responsable del desvío de 122 millones de nuevos soles de las Fuerzas Armadas (Fuerza Aérea y Ejército) al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) con el objetivo de pagar cuantiosas sumas a diarios para ensalzar su imagen y lograr así su segunda reelección en el año 2000.

“Está probado que Fujimori ordenó al comandante general del Ejército peruano José Villanueva entre los años 1999 y 2000; al ministro del Interior César Saucedo, en el mismo período; al ministro de Defensa Carlos Alberto Bergamino, de manera directa y personal, que siguiera las disposiciones dictadas de Vladimiro Montesinos para el desvío de dinero de sus respectivos presupuestos al SIN”, reza la sentencia.

Asimismo, según los integrantes de la Sala, Fujimori sí tenía “una relación funcional directa” con el uso de las partidas presupuestales de carácter secreto de Inteligencia Nacional. “Está probado que Alberto Fujimori cometió delitos de corrupción”, se resalta en el fallo.

AGRAVADO. El colegiado determinó que Fujimori debería ser sentenciado a la pena máxima que contempla el delito de peculado doloso, pues consideró como una “circunstancia agravada” el que cometiera dichos actos en su condición de Presidente de la República.

“Se aprovechó de su estatus que le confería su cargo, por tanto el reproche es mayor debido a que se apropió de fondos públicos”, se destaca.

Dichos desvíos, según se agrega, se realizaron “en un contexto de recesión, devenidos del fenómeno de El Niño y de la recesión mundial”.

Es más, la Sala Penal tomó en cuenta la declaración que formuló inicialmente el asesor Vladimiro Montesinos (condenado también por el mismo caso), quien aseguró que Fujimori sí sabía de los desvíos de dinero al SIN, pese a que el expresidente lo negó repetidamente.

Fujimori, quien rechazó la sentencia y anunció que interpondría recurso de apelación, esta vez no realizó ninguna argumentación. Lo único que hizo fue escribir sobre una hoja de papel lo siguiente: “La función de los gastos reservados fueron las acciones de pacificación y de acciones de Inteligencia, no del desvío de fondos a los ‘Diarios chicha’”.

Al salir de la sala de audiencias, Fujimori sonrió y hasta levantó la mano, pese a este nuevo revés judicial, proceso que duró cerca de dos años.

Este es el último juicio que tenía pendiente, luego de ser extraditado en el 2007 desde Chile.

CULPABLES. Tras la sentencia, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien acudió a la Diroes (Ate-Vitarte) junto a sus hermanos Kenji y Sachi, consideró que la sentencia se basa solo en “inferencias o conjeturas”.

Además, reconoció que durante el gobierno de su padre “sí se compraron titulares”, pero por parte del exasesor Montesinos, quien ya fue sentenciado por dicho delito.

“En este proceso madre hay personas sentenciadas y responsables de estos hechos. Sin embargo, durante este proceso (el de su padre) no se ha presentado ninguna prueba que evidencie que Alberto Fujimori, siendo Presidente de la República, tenga responsabilidad o sea autor”, anotó. Finalmente, calificó la condena de “injusta”.

Por su parte, el abogado William Paco Castillo consideró que la sentencia tiene motivaciones “políticas” con la finalidad de impedirle una eventual postulación con cara al 2016. “Estamos asistiendo a juicios políticos, anotó.