Existen 7907 internos del total de la población carcelaria del Perú que cumplen prisión por el delito de violación sexual en agravio de menores de edad, reveló el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Carlos Vásquez Ganoza.
Precisó que este delito es el segundo más común entre los internos en los establecimientos penitenciarios del país.
“(...) De los 85 mil internos que tenemos, (…) el primer delito (por el que hay más reclusos) es el robo agravado, con 23,085 internos, y el segundo es violación sexual, pero de menores de edad, con 7900 internos metidos en temas de violencia sexual”, dijo Vásquez Ganoza a Ideele Radio.
No obstante, la autoridad penitenciaria descartó que algún representante del Gobierno esté planeando aplicar la pena de muerte para quienes incurran en este tipo de delito, que causa indignación y dolor a millones de familias.
“El Presidente de la República (Pedro Pablo Kuczynski), la Premier (Mercedes Áraoz) y el ministro de Justicia (Enrique Mendoza) han dejado zanjado el tema (…) La pena de muerte no es agenda del sector Justicia, no es agenda del Inpe ni del Ejecutivo”, aclaró Vásquez.
En esa línea, alegó que aplicar la pena capital no tendría ningún resultado positivo en la erradicación del problema y que, en cambio, se deberían atacar los factores de riesgo que forman a los posibles agresores sexuales.
“Si el objetivo es sancionar más, yo creo que el aumento de las penas es una mayor sanción, es algo lógico; pero, si el objetivo es la solución del problema, creo que no pasa por ahí. La política criminal internacional ha apuntado que hay que apuntar a los factores de riesgo: familias disfuncionales, la deserción escolar, barrios inseguros”, añadió.
CENSO PENITENCIARIO
El jefe del Inpe informó que el censo penitenciario arrojó datos importantes sobre el perfil de los presos que fueron sentenciados por violencia sexual a menores de edad.“Al nivel de familia, 5 de cada 10 internos manifestaron que cuando eran niños habían sido violentados. (…) Además, 4 de cada 10 manifestaron que, antes de los 15 años, abandonaron ese hogar por tener una familia disfuncional. En el ámbito de educación, 6 de cada 10 no había terminado la educación básica escolar”, precisó.
Asimismo, aseguró que actualmente existen “muchos internos de la tercera edad que han ingresado a los penales por violación sexual de menor de edad”, por lo que declaró que se deben hacer estudios de seguimiento para hallar las motivaciones que impulsen este tipo de comportamientos en la población.
¿REHABILITACIÓN?
En otro momento, Vásquez Ganoza manifestó que con el debate sobre la implementación de la pena de muerte se buscan sanciones más drásticas al delito de violencia sexual. Lo primero a abordar deberían ser las políticas sociales que el Gobierno ha instaurado sobre el tema.“Hay que hacer una política de represión de persecución penal eficiente; nadie lo duda, pero la pregunta es: ¿qué existe del otro lado de la mano en referencia a las políticas de prevención social? (...) Han habido políticas que no han tenido el presupuesto suficiente y que desaparecieron con el tiempo”, indicó.
En esa línea, calificó como “necesario” que se impulsen planteamientos que hagan frente a los factores de riesgos que influyen en el comportamiento agresivo de las personas.
Sostuvo que su institución viene realizando programas sobre agresiones sexuales en determinados centros penitenciarios, pero descartó que estos espacios tengan como objetivo final su recuperación total.
“La pregunta es que si habrá que fortalecer los programas sobre agresiones sexuales que tenemos, como es el caso de San Juan de Lurigancho, que llega a muy poca población penitenciaria, o si tendremos que hacer otro tipo de replanteamiento de políticas de reinserción; no tanto para recuperarlos, sino para que pasen el resto de sus días”, precisó.
MOCIÓN
El pleno del Congreso de la República aprobó ayer la moción multipartidaria N° 4092, la cual rechaza todo tipo de violencia en contra de la mujer. Dicho documento contó con el respaldo de 104 votos a favor.La iniciativa fue presentada por los voceros de los distintos grupos parlamentarios, tras conocerse los altos índices de violencia contra las mujeres en diversas zonas del país.
Por este motivo, la representación nacional acordó rechazar cualquier forma de violencia y discriminación contra la mujer, sea personal o a través de cualquier vía de expresión.
“Comprometiéndose a seguir adoptando, en el marco de sus atribuciones legislativas, de control político y de representación, señaladas por la Constitución Política del Perú, las medidas para eliminar cualquier forma de violencia hacia ella y su familia y procurar, junto con otras acciones, el bienestar general y el desarrollo integral y equilibrado de la Nación, tal como lo manda la Carta Política de nuestro país”, se lee en el documento.
Durante el debate, la parlamentaria Marisa Glave (Nuevo Perú) solicitó que las leyes en defensa de las mujeres “no sean letra muerta” o que no solo sean para las “cámaras” de televisión y que, por el contrario, se deben cumplir.
Por su parte, Yonhy Lescano (Acción Popular) se mostró a favor de la moción; sin embargo, recomendó que se debe incluir -en esta moción- la defensa del niño y de la familia para que se ponga fin a la violencia contra la mujer, los niños y la familia; mientras que Jorge del Castillo (APRA) exigió evaluar las políticas de salud mental en el país.