La demolición del mausoleo senderista continúa siendo una “papa caliente” no solo para el Poder Judicial, sino también para el Ministerio Público y la Municipalidad de Comas, debido a que ninguna de estas instituciones parece responsabilizarse por su demolición ni por la exhumación de los cadáveres que se encuentran allí.
Según la última resolución emitida por la Sala Penal Nacional, a la que Correo tuvo acceso, el colegiado B declaró improcedente el pedido de la fiscal superior penal nacional, Luz Ibáñez, que solicitaba que se dejen sin efecto las disposiciones dadas por el Poder Judicial en noviembre de 2016 sobre este caso.
Ibáñez señaló que no era posible la intervención de su despacho fiscal en asuntos administrativos de la autoridad edil de Comas. Además, agregó que no era posible garantizar la intangibilidad de los restos humanos porque -a su criterio- han sido bastante manipulados por sus familiares y, por último, esta disposición “vulnera la autonomía fiscal”.
La Sala, integrada por los magistrados Emperatriz Pérez Castillo, Hans Contreras Cuzcano y Otto Verapinto Márquez, refirió que “sobre la manipulación de los restos humanos, la participación del Ministerio Público fue activa, tanto así que solicitó que se les exonere de los costos por permiso de entierro y construcción de nichos consistente en la suma de 400 nuevos soles”.
ORDEN. En una parte de la resolución, la Sala Penal Nacional establece que si el Ministerio Público consideraba “agotada” su actuación, igual el acto de exhumación debe seguir su curso. La disposición del Poder Judicial se refiere a la orden que emitió en noviembre de 2016, que ordena a la Fiscalía “velar y garantizar la intangibilidad de dichos ataúdes...”.
Voceros del Ministerio Público explicaron que cuando la Fiscalía procede a entregar los restos humanos a los familiares, se rompe la cadena de custodia, es decir, en estos casos “culmina” su labor al cerrar esa diligencia.
Lo cierto es que mientras el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Municipalidad de Comas juegan un partido aparte, todos los fines de cada mes los familiares de los senderistas muertos que permanecen en el construido mausoleo continúan con su ritual.
CIERRA FILAS. Mediante un comunicado, la coordinadora de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo indicó que es la Municipalidad de Comas la que tiene en sus manos la demolición de la citada edificación al encontrarse en su jurisdicción y por tratarse de un tema administrativo.
De igual modo, el traslado de los ataúdes se llevará a cabo por una ejecución de naturaleza administrativa, por lo que la Sala Penal Nacional del Poder Judicial no tiene competencia para dicho caso.
Hasta el momento, la Municipalidad de Comas ha sido notificada por la Fiscalía, la que ha señalado que no tiene actuación sobre el mausoleo de ese distrito. Además, aclara que la responsabilidad de los cuerpos enterrados en el lugar ya queda bajo la actuación de la alcaldía del distrito ubicado en Lima Norte.
DESDE COMAS. A través de un comunicado, el alcalde de Comas, Miguel Ángel Saldaña, emplazó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a que se cumpla lo dispuesto por la Sala Penal Nacional en cuanto al deber de “velar y garantizar la intangibilidad de ataúdes durante el traslado de restos humanos en Comas”.
Saldaña recuerda que en abril pasado pidió a la fiscal Luz Ibáñez señalar fecha y hora para que intervenga en el traslado de los restos; sin embargo, hasta la fecha no se pronuncia, pese a que el Poder Judicial le ordenó hacerlo conforme a sus atribuciones.
“Lamento que la fiscal (Ibáñez) haya entendido mal lo dispuesto por el Poder Judicial, y si bien la demolición del mausoleo es un tema administrativo, es de su total competencia participar en el traslado de restos durante la diligencia para salvaguardar la intangibilidad de los mismos”, reza una parte del comunicado edil.