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El Ejecutivo publicó este miércoles la Ley 31148 que sugiere promover y garantizar el manejo de la higiene menstrual de niñas, adolescentes y mujeres vulnerables. Además, la norma promueve el acceso universal, gratuito, igualitario y progresivo a los productos de gestión menstrual como insumos básicos y de primera necesidad para el citado grupo.
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La norma, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, precisa como disposiciones complementarias que se realice la supervisión de la producción de los insumos, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), a fin de que reciban la aprobación de “calidad, seguridad y eficacia”.
Asimismo, señala que el Ministerio de Salud (Minsa) en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu) establecerá las directrices para abordar los temas de la gestión e higiene menstrual así como desarrollar proyectos de sensibilización para concientizar sobre la importancia de la higiene menstrual para una vida saludable en las niñas, adolescentes y mujeres en las instituciones de la educación básica regular, especial, superior y superior universitaria de forma transversal. Además, de realizar actividades sobre la naturalización de la menstruación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de edad, condición económica, religión y cultura.
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“La Digemid supervisará el material con el que están elaborados los productos de higiene íntima femenina donde sus insumos o concentración, deberán ser aceptados en la práctica médica, comprobando su calidad, seguridad y eficacia, así como el periodo en que permanecen en el organismo, considerándose periodos menores a doce horas, entre doce y menos de treinta días, y más de treinta días”, indica.
También dispone que el Minsa queda facultado para crear el Observatorio de Gestión Menstrual para promover la generación de información, datos y estadística para fines de carácter científico y para el desarrollo de políticas públicas a fin de garantizar la reducción de desigualdad en su acceso.
Finalmente, la norma solicita la declaratoria de intereses nacional con el objetivo de “garantizar su participación en la vida social”.
A inicios de marzo, el pleno del Congreso aprobó por mayoría (95 votos a favor y 4 abstenciones), el proyecto de ley 5797. La congresista Arlette Contreras (no agrupada) presentó esta iniciativa legislativa en julio de 2020.
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