Este viernes, los representantes del transporte urbano organizado emitieron un comunicado para expresar su preocupación ante el incremento de extorsiones, ataques armados e incendios que, según denuncian, ponen en riesgo a miles de conductores, trabajadores y usuarios. En ese sentido, el colectivo TU–Transporte Unido expresó su “profundo malestar e indignación” por la falta de acciones efectivas del Estado ante la ola delictiva que golpea al sector.
Gremios de transporte detallan siete medidas urgentes al Gobierno
El pronunciamiento dirigido a la opinión pública reune siete medidas urgentes que el gremio considera indispensables para enfrentar la ola de violencia que golpea al sector. Además indican que la respuesta del Estado ha sido “persistente e ineficaz” y advierten que la situación ya alcanzó un punto crítico.
Como primera acción, exigen el fortalecimiento inmediato de la Unidad Operativa contra la Extorsión, con mayores recursos, tecnología y personal altamente especializado para enfrentar a las mafias que operan en el transporte urbano. A esto suman la implementación real del protocolo de reserva de denuncias, en coordinación con el Ministerio Público, a fin de proteger a los empresarios y conductores que alertan sobre amenazas.
Los transportistas plantean el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a organizaciones delictivas, sanciones efectivas contra los proveedores que comercializan chips de forma fraudulenta y la aprobación inmediata del reglamento de la Ley 32490, que propone medidas extraordinarias contra el sicariato y la extorsión en el servicio de transporte. Asimismo, solicitan la revisión de las leyes 31990, 32108 y 32181, para cerrar vacíos que afirman están siendo aprovechados por redes criminales.
Otra de sus demandas clave es establecer una política clara de control territorial, especialmente ante el incremento de delitos perpetrados por ciudadanos extranjeros, y la publicación permanente de resultados de la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial, con datos sobre detenidos, procesados y sentenciados por estos crímenes.
El sector dio un plazo de siete días hábiles al Poder Ejecutivo para presentar un “plan maestro de acción efectivo” contra la inseguridad. Asimismo advierten que don obtener una respuesta concreta, convocarán un paro de 48 horas del transporte urbano.
Pese al tono firme del ultimátum, TU–Transporte Unido reiteró su disposición al diálogo institucional, siempre que exista un compromiso real de las autoridades para proteger al sector y garantizar un servicio seguro para usuarios y trabajadores.
