Al menos unas nueve personas fueron detenidas durante la madrugada de este miércoles luego de ser acusadas de integrar una organización criminal que trafica con las camas UCI del hospital Guillermo Almenara Irigoyen, destinada para pacientes COVID-19. El megaoperativo denominado “Ángeles Negros” está a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público y continúa en desarrollo en cuatro distritos de Lima.
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Según el noticiero América Noticias esta red criminal cobraba hasta S/82.000 a familiares de pacientes graves a causa del coronavirus y que permanecen internados en el citado nosocomio del Seguro Social de Salud (EsSalud), situado en La Victoria. Hasta el momento los intervenidos son dos personas integrantes de la ONG Donantes de Esperanza, las personas que trabajan en el área administrativa de la Red Almenara, según el matinal.
La diligencia se realiza en simultáneo en las jurisdicciones de La Molina, San Miguel, Breña y Magdalena. Participan en la acción agentes de la Dirección contra la corrupción (Dircocor) de la PNP, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y la Unidad de Inteligencia Financiera.
El fiscal Reynaldo Abia Arrieta indicó que la investigación inició en mayo de este año con la denuncia de un ciudadano que tenía a su hermano internado en el hospital Almenara debido al COVID-19. Este ciudadano, cuya identidad se mantiene en reserva, aseguró que efectuó el pago, pero su familiar no llegó a ser trasladado a una cama UCI, y falleció al no poder vencer la enfermedad.
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“A esta persona lo captan unos intermediarios desde fuera [del hospital] para que del puesto 20 [de espera de cama UCI] pueda pasar al puesto 1 y acceder de manera inmediata. Aparentemente el pago o transacción se ha realizado. Esta persona no accedió a la cama UCI, pero sí a la cama UCE (Unidad de Cuidados Especiales)”, señaló.
“Este hecho ya está determinado y lo que ahora tratamos de verificar si es que están involucrados otras personas, como el personal médico que se había encargado del diagnóstico y finalmente para que se determine la ubicación y hospitalización en cuidados intensivos”, agregó Abia Arrieta.
Por su parte, el coronel PNP Arturo Valverde, jefe de la Dircocor, adelantó que miembros de la ONG Donantes de Esperanza también estarían involucrados en este caso. Una de las intervenidas es Ana Cecilia Aróstegui, quien se desempeña como tesorera del citado grupo creado sin fines de lucro.
“Ella está detenida y también su hijo. El dinero fue depositado a nombre de su hijo. Ella tenía contactos en la parte administrativa del hospital Guillermo Almenara”, señaló el jefe policial desde La Molina.
La Policía Nacional informó que lo detenidos serán acusados por el delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio. En tanto, el fiscal Abia Arrieta detalló que el Poder Judicial ordenó detención preliminar por 7 días para los intervenidos.
“Según la sospecha este hecho no es aislado, ya hemos tenido una denuncia anterior en el mismo hospital, pero no se pudo verificar porque estábamos en el pico de la segunda ola por COVID-19. Este es el segundo caso del mismo nosocomio, y ya alertados comenzamos a indagar más”, añadió.
“Ahora nos acaban de informar que se ha encontrado información en un chat grupal. Entonces, vamos a verificar y procesar esta información. Se está realizando allanamiento, levantamiento del secreto de las comunicaciones. Esto es una situación lamentable y se está presuntamente que se estaría traficando con la salud y vida de las personas”, dijo.
Los detenidos
Los intervenidos hasta el momento son Ana Cecilia Aróstegui (tesorera de la ONG) y Iradia Vanessa Muñoz (miembro de la ONG). También fueron detenidos Luis Diego Moreyra, Miguel Ángel Agarini, Nery Ochoa, Pedro Pino, Piero Pino, Sebastián Bazalar y Vanessa Recuenco.