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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) admitió a trámite la demanda contra el Ministerio del Interior y la Policía Nacional que los padres de la niña de 11 años que fue violada y asesinada por César Alva Mendoza en febrero de este año, interpusieron en contra de ambas instituciones.
A tres meses del crimen que cobró la vida de la menor, el cual ocurrió en San Juan de Lurigancho, la denuncia admitida por Indecopi se da por una presunta infracción al código de Protección y Defensa del Consumidor por no haber brindado las medidas de seguridad necesarias para monitorear la salidad de la menor de la Comisaría en la que asistía a un taller, según informó América Noticias.
El crimen
El 2 de febrero, tras salir de la comisaría de Canto Rey, en donde asistía a un taller, la hija del señor Jorge Vellaneda, una menor de 11 años, fue raptada para, posteriormente, ser ultimada por César Alva Mendoza, su asesino confeso.Pese a la desesperación de los padres, los efectivos policiales de la Comisaría de Canto Rey negaron que la menor haya asistido a sus clases, lo cual fue contradicho por las imágenes de las cámaras de seguridad, que confirmaron el ingreso de la menor al recinto policial, así como también al asesino, que se la llevó en una bicicleta.
La demanda
El abogado de los deudos, Marco Riveros, señaló que la decisión de Indecopi marca un "precedente", ya que en adelante "cualquier ciudadano podrá reclamar y quejarse de la mala práctica que hace una municipalidad, el Poder Judicial, entre otros".Vellaneda, el padre de la menor, pidió la sanción correspondiente contra el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Entre otros aspectos, que le reintegren el monto que pagó por el servicio de las vacaciones útiles y la instalación de cámaras de seguridad dentro de las comisarías.
Acorde con con lo informado por América Noticias, Indecopi señala en su resolución que el 24 de abril la secretaría técnica de la Comisión de Defensa del Consumidor solicitó información al Ministerio del Interior. Sin embargo, hasta el momento esta no ha sido remitida. Por ello, se le brindó al Mininter un plazo de 5 días para responder al requerimiento.
